Mientras el país entero observaba la tensión limítrofe generada por el presidente colombiano Gustavo Petro, en su afán de desconocer la soberanía peruana en la isla Santa Rosa, unos extraños movimientos legales se registraron en torno a uno de los más trascendentes proyectos portuarios de nuestro país: Corío, en Arequipa. Tal como Política y Estrategia lo destaca en su especial “Punto de Inflexión”, este gran proyecto de mega puerto, tiene el potencial de convertirse en el activo más importante del Perú. Sobre la coyuntura, dialogamos con el economista y experto portuario, Mario Zúñiga Martínez, actual Secretario Técnico de la Agencia Regional de Desarrollo de Arequipa.
En la última semana, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), dio luz verde a un consorcio que buscaba la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) de Corío. Tal determinación generó una ola de protestas, que hizo retroceder a la APN y que ésta dejara sin efecto la resolución ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Ocurre que ese consorcio (Hub Corío Megapuerto del Sur —integrado por las empresas Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C.), llevaba más de año y medio intentando que le aprueben su plan maestro. Se lo rechazaron en dos oportunidades porque no tenía idoneidad técnica e incluso había copiado de otros estudios. Eso, de plano, se rechaza. Pero, curiosamente, apenas asumió el cargo nuevo presidente de la APN, Juan Ramón Arrisueño Gómez de la Torre, lo aprueba. El anterior titular respetaba los dictámenes técnicos. Este nuevo presidente decidió pasar por encima de tales criterios.
¿Qué hubiera implicado esta aprobación?
Simplemente que un consorcio sin capacidad técnica real, iba a administrar un activo estratégico del país. Esas empresas son muy recientes: una, tiene un solo trabajo; y la otra, tres… apenas un puñado de trabajadores, y ninguna experiencia portuaria. ¿Usted cree que podían manejar los estudios técnicos de un puerto de esta magnitud? La sospecha lógica, era que posiblemente, irían a vender esa licencia al mejor postor. Eso no es desarrollo portuario, ello poseía todos los indicios de ser negociado. Y el Perú no merece que se mercantilice un proyecto de esta magnitud.
Algunos podrían decir que, si el trámite era legal, no había nada que cuestionar…
Una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. Una resolución puede ser legal, pero si se otorga a empresas sin experiencia, sin capital, sin solvencia, deviene en ilegítima. Y lo que empieza mal termina peor. Ya lo vivimos en Arequipa con Majes II y la empresa Cobra, que nunca tuvo la intención real de cumplir. Aquí podría pasar lo mismo. Estamos hartos de proyectos que empiezan con vicios y acaban en pérdidas millonarias para el Estado.
En el Consejo de Estado Regional de Iquitos se acordó que la APN debía realizar primero un estudio de demanda en la zona sur. ¿Qué ocurrió con ese compromiso?
El compromiso era entregar ese estudio en noviembre. Pero si hubieran aprobado el plan maestro de este consorcio, ¿para qué serviría el estudio? Sería gastar recursos del Estado en un documento inútil. Esa incoherencia la señalé en su momento: al aprobar la VTTP, el Estado se contradecía. Y eso no solo era irresponsable, constituía un error grave.
Recuérdenos qué hace tan especial al puerto de Corío.
Corío no es cualquier puerto. Tiene el calado más profundo del Pacífico suramericano, y está ubicado estratégicamente frente a Brasil, que en los próximos diez años será la cuarta economía del mundo. Solo en soya produce 165 millones de toneladas métricas anuales; en hierro, 444 millones. Hoy exportan a China cruzando por el canal de Panamá o por el Estrecho de Magallanes: rutas largas y costosas. Con Corío, el Perú podría convertirse en el eje logístico de Sudamérica para el Asia. Por eso digo: este no es un puerto más, es un activo crítico para la nación.
¿Cómo debería actuar el Estado en estos casos?
Lo lógico sería respetar los acuerdos y esperar el estudio de demanda. Con esa base, se convoca a una licitación internacional, transparente, donde participen los grandes operadores del mundo: Hyundai, DP World, Hutchison. Eso nos asegura inversión real, experiencia, y un puerto de categoría mundial. Pero entregar Corío a un consorcio improvisado sería hipotecar el futuro del país.
¿En este caso específico, con la resolución aprobada y luego cancelada, se advertiría un tema de corrupción en esta entidad?
Yo no estoy acusando a nadie de mafioso ni de corrupto. Eso lo veremos después, con pruebas en la mano. Pero sí digo que las cosas huelen mal. Cuando un proyecto de esta magnitud se entrega a empresas sin capacidad, lo que se genera es un mercado de oportunismo. Y si algún inversionista serio revisa el panorama y ve que el gobierno regional, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, todos se oponen, no va a entrar a invertir. ¿Quién entra entonces? Los oportunistas, los tramposos. Y eso tiene que evitarse por el bien del país.
¿Podemos considerar su posición como la misma del Gobierno Regional de Arequipa?
Sí. Coincidimos con el gobernador regional, Rohel Sánchez, con quien estamos en permanente comunicación. No hablamos por capricho, hablamos en defensa de un activo estratégico. Queremos que se respete el acuerdo con el MTC y que el Perú elija el mejor camino para Corío. No todos los políticos somos delincuentes, no todos los funcionarios somos corruptos. Hay quienes estamos trabajando por la patria y por los intereses del país.
¿Qué reflexión le brinda a la ciudadanía?
Que Corío no es un puerto más. Que lo que hoy se haga, marcará el futuro del Perú por generaciones. Tenemos que ser rigurosos y no conformarnos con lo legal, sino exigir lo legítimo. Y eso significa traer a los más competentes, no a improvisados. Lo que empieza mal termina peor, y con Corío no podemos darnos ese lujo.