La corrupción desangra al desarrollo nacional, costándole al país una cifra superior a los S/ 23 mil millones de soles al año, de acuerdo con las estimaciones presentadas en el primer conversatorio de la jornada académica “Perú en diálogo: aportes de la academia para la promoción del desarrollo”, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma (URP), con el apoyo del portal web Política y Estrategia. Los expositores, reunidos para discutir los desafíos del Perú en temas de corrupción, seguridad, inteligencia, geopolítica y digitalización, coincidieron en que la ineficacia del sistema de control y la falta de una identidad nacional clara son problemas estructurales que alimentan esta crisis.
El Dr. Marcos Ibazeta Marino (ex magistrado superior) abordó la magnitud de la corrupción, indicando que las pérdidas anuales superan los S/ 23 mil millones (equivalentes a 7 mil millones de dólares), un monto que podría financiar múltiples obras de infraestructura y servicios esenciales para la población. Ibazeta Marino señaló que la causa estructural de este flagelo reside en la ineficacia de los controles internos e institucionales, exacerbada por una “no identidad” nacional donde la investigación bibliográfica no se aplica a la realidad peruana, impidiendo la comprensión de la idiosincrasia y las culturas intermedias del país.
El ponente criticó la gestión pública ineficaz y la reproducción automática de presupuestos, que perpetúan la escasez y la mala calidad de los servicios (salud, educación, seguridad). Respecto al Sistema Nacional de Control, argumentó que las Oficinas de Integridad y las Oficinas de Control Institucional (OCI) son ineficaces porque la Contraloría General de la República (CGR) se limita al control posterior, que es tardío y defectuoso, sin capacidad de resarcimiento, y que la transferencia progresiva de las OCI a la CGR no se ha completado. También mencionó el mito de la tendencia generalizada a la deshonestidad, afirmando que es la falta de control lo que permite que la corrupción florezca y que la integridad se vea aplastada por estructuras de poder deshonestas.
La propuesta central para transformar el sistema de control se enfoca en la ruptura del parámetro actual mediante la creación de un colegiado con un líder anticorrupción con rango y autonomía constitucional. Este cuerpo pequeño se encargaría de diseñar las políticas y objetivos de control, mientras que la Contraloría, las OCI y la Autoridad Nacional del Control actuarían como unidades operativas, cumpliendo la política establecida, en un sistema integrado con responsabilidad constitucional.
Minería y Descentralización de la Corrupción
El analista Pedro Yaranga Quispe complementó la visión de la corrupción, destacando que su descentralización es lo que mejor funciona en el país, lo que se refleja en la baja calidad del gasto y de las obras a nivel municipal y regional. Yaranga Quispe compartió su experiencia en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), señalando que la zona, una de las más golpeadas por el terrorismo, hoy es un ejemplo de desarrollo con la producción y exportación de cacao orgánico, liderado por aquellos que fueron víctimas de la violencia. Destacó que, en ausencia de la Policía, los Comités de Autodefensa mantienen el orden.
En cuanto a la seguridad y la minería, diferenció la artesanal legal, que no contamina y lleva su material a plantas autorizadas bajo control de SUNAT, de la minería ilegal, que opera en zonas no autorizadas o de reserva, utilizando equipos pesados y contaminando indiscriminadamente, a menudo financiada externamente y con capacidad de corromper e infiltrarse en la política. También se refirió a los conflictos sociales generados en zonas como Pataz por la apropiación del subsuelo por parte de la mediana explotación mineral, dejando de lado la minería ancestral.
Su propuesta de seguridad nacional se centra en el aprovechamiento de la experiencia de los Comités de Autodefensa y las Rondas Campesinas para labores de vigilancia en carreteras y zonas rurales, como ojos y oídos de la Policía, citando el éxito que estas organizaciones han tenido en la reducción de asaltos. En el ámbito urbano, abogó por la profesionalización de la Policía Nacional a través de un proceso de cuatro a cinco años, que se ha descuidado en los últimos quince, para mejorar la capacidad de respuesta y generar resultados esperados.
Inteligencia Estratégica y Defensa Nacional
El Coronel FAP (r) Abraham Lescano Salazar se enfocó en la evolución de la Inteligencia Estratégica y la Defensa Nacional en la era del conocimiento. Afirmó que el principal desafío es el exceso de información que requiere el uso de programas informáticos e inteligencia artificial para su procesamiento. Explicó que la Defensa Nacional ya no es exclusiva de los militares, sino una responsabilidad de todo el país, y debe enfocarse en la Seguridad Multidimensional, que incluye a la academia y otros sectores. Señaló que en conflictos como el del VRAEM, los militares solo generan las condiciones de seguridad, siendo necesaria la entrada de sectores como salud, educación y transporte para un éxito real.
Definió la Inteligencia de manera simple como la producción de conocimiento útil para la toma de decisiones, y la Contrainteligencia como la protección de esa información. Lamentó que el uso indebido de la misma en el pasado, haya generado una percepción equivocada. En el contexto actual, mencionó que el Perú se encuentra en medio de una guerra geopolítica, ejemplificada por la inversión de China en el Puerto de Chancay, e hizo referencia a la Teoría del Cisne Negro para hablar de los fenómenos imprevisibles de gran impacto. El propósito de la inteligencia estratégica es reducir la incertidumbre y proporcionar una ventaja competitiva mediante la transformación de datos en decisiones.
Su propuesta implica reconocer que, para enfrentar los desafíos de seguridad y defensa, es fundamental un enfoque proactivo para adelantarse a las amenazas, gestionando los riesgos de manera oportuna. Subrayó la necesidad de que la inteligencia se enfoque en ver los vacíos de información y trabajar con todos los sectores para generar el conocimiento requerido, asegurando que el país tenga la capacidad de respuesta para minimizar el impacto de las amenazas.
Posición Estratégica y Conectividad
Finalmente, el Almirante AP (r) César Morales Huerta-Mercado abordó la geopolítica, diferenciándola de las relaciones internacionales al establecer que su variable determinante es el poder sobre el espacio, es decir, la jerarquización de un actor sobre otro en un escenario global. Destacó la posición geoestratégica del Perú en Sudamérica, señalando que la conectividad es crucial para el crecimiento y el desarrollo del país, ya que la ventaja de la ubicación se diluye sin infraestructura de transporte adecuada.
El Almirante Morales enfatizó que la posición geoestratégica del Perú en el Pacífico Sur lo coloca como una potencia marítima por la extensión de su litoral y la influencia que esto confiere a nivel regional. Remarcó que el desarrollo nacional está intrínsecamente ligado a la capacidad de aprovechar los recursos y las ventajas de este espacio, y que el Puerto de Chancay representa una pieza clave en esta dinámica geopolítica y geoeconómica.
La propuesta del Almirante Morales se centró en la necesidad de desarrollar una infraestructura de conectividad nacional que optimice la posición geográfica del Perú. Esto incluye potenciar los puertos y las vías de acceso que permitan aprovechar la salida al Pacífico, asegurando que el país se posicione como un actor clave en el comercio y la economía global en el contexto de la creciente competencia geopolítica en la región.