Existe una imperiosa necesidad de reformar el sistema de justicia en el Perú, para que avance a la altura de las expectativas de un país que busca marchar hacia el desarrollo. Tal es la conclusión de la congresista y exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz de Núñez – Ízaga, con quien Política y Estrategia dialogó sobre los alcances de su iniciativa de ley para la creación de una escuela de judicatura que brinde la debida competencia a jueces y fiscales. La doctora Echaíz, quien afirma que el problema que origina la crisis en nuestro sistema de justicia es la falta de capacitación de los magistrados (tema que hace tambalear al marco de seguridad jurídica para las inversiones y desarrollo económico del país), es un fenómeno que también se advierte en la esfera internacional, al señalar la falta de conocimiento elemental de los magistrados de la CIDH, al requerir al Perú que deje sin efecto el proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad, sin revisar –correctamente— lo que indica el estatuto de Roma sobre la materia.
La crisis en el Poder Judicial, es una tara que el país viene arrastrando desde hace décadas…
Creo que viene desde antes de la República, continúa con la República y nos llega hasta el momento actual…
Un mal endémico, asociado al problema de la corrupción…
Bueno, son muchos lo factores que inciden en esta mala imagen… son muchísimos, y nunca ha habido la preocupación por ponerle fin a las causas que generan los problemas. Siempre se ha visto el remedio en el extranjero, y no sé si allá están aplicando tal o cual sistema para incorporar a los jueces (y ahora también a fiscales), quizá debe ser bueno y por ello se aplica. Pero no ha habido un estudio serio para ver qué pasa en las instituciones acá, en nuestro país. Si así hubiera sido, un poco lo hizo el Ceriajus, y digo un poco porque más se abocó al tema del Poder Judicial, más no al Ministerio Público, pensando –como se ha pensado siempre—que la receta para uno, era igual a la del otro, y que todo dependía de la decisión política de ver cómo se designaba a los representantes para ocupar los cargos de la magistratura, pese a que todos los informes que analizaban la problemática, incidían en la formación.
De allí viene su proyecto de creación de la Escuela de Judicatura.
Así es. Era un poco de recoger eso, es decir, los estudios que se han hecho a través de los tiempos, sobre las causas (de la crisis), en donde principalmente se habla de la corrupción, pero en realidad, ésta es consecuencia de la forma de los nombramientos, que tiene relación con la formación académica de las universidades, tiene relación con esa campaña de desprestigio que siempre se usa para colocar sobre la mesa el problema de la administración de justicia, o simple y llanamente, para distraer la atención, con la mirada hacia otros sectores, y de todo ello, la consecuencia es la desmotivación de los mejores recursos humanos, de los mejores estudiantes, de los más destacados, para que se incorporen a la justicia ¿se da cuenta? Entonces quienes aspiran a estos cargos, y más en los últimos tiempos, son aquellos quienes, como profesionales independientes, no han tenido éxito.
Es la cruda realidad…
Es la cruda realidad, entonces venimos acá y nos encontramos que, los modelos que se han venido adoptando, en donde se pasa por un examen, de pronto no se aprueba y entonces, ¿qué pasó? Necesitamos cubrir las plazas, y en la necesidad y urgencia de cubrir esos cupos, se bajan las vallas para que puedan acceder personas con una formación profesional, digamos, mediana o para abajo.
También hay un problema de formación ética…
Una cosa lleva a la otra. Si yo no me sé capaz de poder tomar decisiones en causas que pueden ser complejas, ¿cómo es que me atrevo a tomar un cargo? Entonces, ese es un problema de responsabilidad, de compromiso consigo mismo, y con la sociedad. Y eso pasa por tener buenos valores, buenos principios, éticos y morales. O simplemente, nos adaptamos, de pronto, a los nuevos cánones de la sociedad, en donde, los más saltantes, los que tenemos a la vista a través de los medios de comunicación, que no son precisamente los mejores, porque lo bueno, no se publicita.
¿Cómo se configura su proyecto de ley y qué posibilidades hay de que se apruebe?
Tengo la esperanza de que logre hacerse una realidad y que, en base a que –espero—se haya tomado conciencia de lo que es la justicia, de lo que significa la justicia para un país y que los cargos para ejercer la magistratura deban ser ocupados por los mejores profesionales ¿y cómo tenemos los mejores profesionales si cuando se sale de la universidad, muchas veces, no se está debidamente formado?, porque usted, también comprenderá que las universidades, en este momento, están atravesando por una situación muy difícil por razones distintas, también, entre ellas, la escasez de profesores. Exigen las maestrías para poder postular ¿por qué? Porque saben que es necesario complementar esa formación con otra más especializada. Entonces, en la maestría, le van a enseñar, especializadamente, el (derecho) penal, el civil, administrativo, constitucional, hacia donde el profesional quiera ir, o lo que escoja de acuerdo a sus habilidades o los conocimientos que pueda tener.
Los posgrados pueden ayudar a la formación de los magistrados…
No hay una universidad o maestría que brinde una formación especializada para magistrados. No existe, por ejemplo, una maestría para formar a los diplomáticos, a los militares, a los policías, a los sacerdotes, a los médicos después de terminar sus carreras, que tienen que hacer su Secigra (servicio civil de graduandos), quienes luego deben hacer su especialización, y se les pasa cuatro o cinco años en esa capacitación adicional, para lograr obtener los títulos de especialidad en sus propias materias. Pero para ser juez o fiscal, que son los cargos más serios, los que tienen más responsabilidad (después de los que tienen que ver con la vida o la salud), pues no se exige mucho ¿no? Los tamices son muy abiertos, y por ahí se filtra todo aquel que pueda ocupar una plaza, según las necesidades del momento: “hay que cubrir, tenemos tantas plazas… bueno, pues, las cubrimos”, y esa es una irresponsabilidad de quienes han recibido la encomienda de seleccionar a estos profesionales para ocupar cargos tan importantes y de serias responsabilidades ¿se da cuenta?
¿Entonces qué hacer?
Lo que siempre se ha reclamado y lo que siempre se encontró como solución en las mesas de trabajo, en los estudios de investigación, últimamente en el Consejo Nacional de Justicia, que también lo recomienda y lo propone en su quinto objetivo, como la solución a los problemas de la justicia; y yo, estando dentro de las instituciones, y habiendo transitado por todas las instancias, y habiendo visto el trabajo de las generaciones que me han sucedido, advertí la necesidad de reforzar las capacitaciones, tanto que el Ministerio Público creó un escuela para poder brindarles un apoyo en las cosas urgentes e inmediatas, que es independiente al de la Academia de la Magistratura, que también brinda una capacitación, pero que es tan limitada, pues es un sub pliego del Poder Judicial: su presupuesto es reducidísimo. Y de ese presupuesto, el 90% se va para cubrir planillas… sólo el diez por ciento queda para destinarlo a los cursos de capacitación ¿se imagina usted el alcance que puede tener esa capacitación?
¿Qué tan eficaz resultaría la capacitación a distancia?
A través de las plataformas virtuales se puede llegar a todo el Perú, pero es insuficiente, y tampoco es especializada o subdividida según especialidades, es transversal para todos. Entonces, habría que pensar, ya en serio, y hacer un esfuerzo desde el Estado para mejorar esta parte álgida y necesaria, y que va a llegar –incluso—a generar satisfacción y confianza en el país mismo.
Podemos considerar su iniciativa de ley, como el comienzo a la solución del problema…
El inicio es la creación de la escuela de Judicatura, luego vendría la ley orgánica, cuyo anteproyecto incluso, me ha sido alcanzado ya por algunos magistrados que están vinculados a la capacitación. Luego habría que adecuar las leyes orgánicas, especialmente la del ministerio Público (que ya es bastante obsoleta), y la ley de la carrera, la del control disciplinario, a efectos de que todo el sistema tenga la regulación legal que necesita para trabajar con una visión de futuro… digamos, con una visión de treinta años para adelante y, más o menos, avizorando lo que puede venir, con la posibilidad de obtener una reacción rápida de presentarse fenómenos inesperados como por ejemplo, el de la inmigración; de los migrantes extranjeros que, en un gran porcentaje, han venido a incrementar el índice delictivo del país, y eso no se tenía previsto. Hay que entender que eso afecta al sistema de justicia, y afecta a todos, pues no se tenía la capacidad instalada como para atender esa demanda.
Además de la ausencia de un marco legal regulatorio, hubo un fomento migratorio irresponsable del gobernante de turno.
Desde luego, por ello, reitero: la justicia tiene que ver en todo, los gobernantes deben tener una visión clara de las cosas y de la realidad nacional. Pero lo primero que tienen que reforzar, es su sistema de justicia, porque eso les va a brindar seguridad, tranquilidad y paz social; van a obtener seguridad jurídica para las inversiones en el país, y confianza en su trabajo para el Perú, porque, de presentarse alguna situación difícil, van a encontrar a magistrados en capacidad de responder a la altura de las circunstancias.
Jueces de la CIDH, sin conocimiento
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha requerido al Perú, se deje sin efecto “el proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”, ¿qué opina sobre el tema?
En los medios circula, profusamente, la información sobre el proyecto de ley aprobado en el Congreso, con relación a la fecha de entrada en vigencia del estatuto de Roma y la aplicación de la Convención de la Imprescriptibilidad. Sin embargo, llama la atención que quienes están detrás de esta noticia o publicitando informaciones contrarias a la decisión del Congreso, no hayan revisado el propio estatuto de Roma que, en su primera página, en su carátula, ha consignado la fecha de su entrada en vigor que dice “el estatuto entra en vigencia el primero de julio del 2002”, y es lo que se ha reproducido en este proyecto, en razón de que algunos magistrados o jueces, parece que no les gusta revisar las normas antes de aplicarlas. Y este propio estatuto de Roma dice, en su artículo 24, en el punto 1: “nadie será penalmente responsable, de conformidad con el presente estatuto, por una conducta anterior a su entrada en vigor”, o sea, que, si se han dado hechos, antes de julio del 2002, eso se rige por las normas vigentes en cada país. Y, por otro lado, esto significa que es la aplicación del principio de legalidad, que a nadie se le puede imputar la comisión de un delito, por un hecho que no era tal, en la fecha de su comisión.
Está bastante claro.
Y si no es, o no era delito cuando se cometió el hecho, ¿de qué imprescriptibilidad estamos hablando? Una, es consecuencia de la otra. No se puede aplicar, irretroactivamente, la imprescriptibilidad de un delito que no está regulado en la ley. Es más, le diré: acá hay una inscripción de todos los delitos que son considerados como de lesa humanidad. En nuestro código penal hay dos o tres solamente, el resto no… no han sido tipificados como de lesa humanidad, acá, en el Perú, ¿se da usted cuenta? Entonces, se habla sin tener conocimiento de los temas, ni de la materia, y lo que es peor: sin darse un poquito de tiempo para ir a la fuente, y revisarla… dígame si esto, no es pretender –no sé si consciente o inconscientemente—desestabilizar al país, generar desconfianza, desazón, confrontación, o la desestabilización de las instituciones del Estado, y con ello, la debilitación de un sistema democrático.
Más complicado aún, si proviene de instituciones que deben velar por la ley y el Estado de derecho.
Más censurable aún si actúan políticamente, y eso debería ser sancionado. Yo no sé si sea por ignorancia, porque tienen asesores, pero esa es mala fe, es mala intención, eso es, sencillamente, considerar que las penas son sinónimo de venganza, y eso no es así. Las penas tienen una finalidad, que es la resocialización de la persona que ha cometido el delito, y no como ahora, se pretende, ver a las personas en las cárceles, por los siglos de los siglos, amén, en el afán de saciar sentimientos negativos de los individuos, porque nada positivo se satisface pretendiendo que alguien, a quien yo no quiero, con quien no simpatizo, lo tengan preso allí, sólo por tenerlo. No es así.
Venganza política y odio, antes que justicia…
Un buen ciudadano, un buen peruano responsable de sus actos, que quiere hacer patria, que quiere desterrar el odio, la discriminación y la violencia, no puede pensar, ni actuar así. Y más triste todavía, que lo haya dicho la Corte Interamericana, que, por imperio de Carta, de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo primero, no debería inmiscuirse en temas internos del país ¿se da usted cuenta? Estamos viviendo momentos difíciles y no, necesariamente, por actos del Congreso, no al menos, en este caso, sino porque se generan y se crean situaciones bajo argumentos falsos.
¿Es partidaria de que el Perú se retire de la Corte Interamericana?
Dada la forma en que se viene actuando, oiga: ¿de qué nos sirve? Si no es para desestabilizar al país. Pareciera que ya no somos soberanos… ojalá que ahora, con la nueva conformación, las cosas cambien. Esperemos que así sea, y se reconduzca el camino de la Corte por lo que siempre ha debido ser: defender los derechos cuando corresponde, a la luz de las normas y, sobre todo, de la verdad.
¿Será difícil un “reencauce” de la Corte?
En este momento, figuran los electos recientemente, que conformarían una mayoría; está Uruguay, Perú, Guatemala… (no recuerdo qué otro país) pero, por lo menos, cuatro de los miembros son juristas reconocidos, serios y responsables. Esperemos, por lo menos, siempre hay que tener un poquito de esperanza, para que las cosas cambien, de lo contrario, a tomar las decisiones que corresponden, si queremos crecer como país, si queremos hacernos respetar como Estado; si queremos hacer respetar a nuestros connacionales…
Saliendo de la Corte…
Así es.