Edison Lanza, experto en derecho a la información, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante de la Misión Internacional de Observación (MIO-Perú), compartió su perspectiva sobre la independencia del sistema judicial peruano. Durante su paso por Lima como observador del proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Lanza abordó los avances y retrocesos en la justicia peruana, subrayando la importancia de la transparencia de los procesos de selección de magistrados.
Existe una creciente desconfianza ciudadana hacia la justicia peruana. Como representante de su institución, ¿cuáles considera que son las claves para garantizar una verdadera independencia en nuestro sistema judicial?
Para garantizar una verdadera independencia en el sistema judicial peruano, considero que hay varios elementos clave. En primer lugar, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe ser vista como la piedra angular en términos de confianza, independencia, mérito y transparencia en la designación de las autoridades judiciales. Es destacable que, a pesar de las amenazas de reformas constitucionales que podrían haber disuelto a la Junta, esta se haya mantenido operativa. En nuestro análisis, cuando llegamos en mayo, era evidente que modificar la Junta en pleno proceso de selección de autoridades habría sido una decisión imprudente. La JNJ, creada como parte de una reforma constitucional relativamente reciente, estaba todavía en una fase crucial de su funcionamiento.
En segundo lugar, el marco normativo que rige este proceso es adecuado, particularmente la ley orgánica de la Junta Nacional y los reglamentos dictados por la Comisión Especial. No obstante, para que este marco sea efectivo, debe aplicarse con estricta rigurosidad y bajo criterios de máxima transparencia. Es aquí donde hemos identificado ciertos problemas. Por ejemplo, observamos que los recientes cambios en el reglamento de la Comisión Especial parecen limitar la publicidad de sus decisiones, lo que va en contra de la necesidad de un escrutinio público amplio. La Comisión ha decidido no publicar los currículums y documentos de respaldo de los candidatos hasta después de la elección, lo cual genera desconfianza.
Es fundamental que la sociedad civil, incluidos los periodistas, puedan auditar el proceso de selección desde el inicio, asegurando que los méritos, la trayectoria, la situación patrimonial y los posibles conflictos de interés de los candidatos sean conocidos por todos. La transparencia es la base para construir la confianza ciudadana, y cualquier restricción a la misma puede comprometer la percepción de independencia del sistema judicial.
¿Cuánto progreso ha observado desde su primera visita? ¿Han seguido alguna recomendación? ¿Hay avances o retrocesos?
Hemos observado tanto avances como retrocesos en el ámbito de la justicia. En cuanto a los avances, uno de los más importantes fue la realización del proceso de selección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que en un principio parecía estar en duda. También es destacable que no se haya seguido adelante con la propuesta de disolver la JNJ para crear una escuela judicial, una medida que no tenía relación con las funciones y el rol de la Junta.
Sin embargo, también hemos presenciado retrocesos preocupantes. Uno de ellos es la falta de transparencia en algunos cambios realizados al reglamento de la Comisión Especial de Selección, los cuales no fueron consultados con la sociedad civil. Este proceso poco participativo representa una oportunidad perdida para fortalecer la confianza en las instituciones.
¿La MIO podría emitir un pronunciamiento más específico sobre este proceso?
Sí, y estamos siendo muy claros al expresar nuestras preocupaciones. En los próximos diez días, emitiremos un pronunciamiento más detallado, con los elementos adicionales que surjan. La Comisión nos informó que están considerando publicar algunos elementos de los candidatos, lo cual esperamos se concrete pronto. Nuestro objetivo no es antagonizar con la Comisión, sino asegurar que el proceso sea lo más transparente y abierto posible.
En líneas generales, una importante mayoría de la población desconfía de la justicia peruana. ¿Cómo evalúa nuestro sistema judicial?
Sería atrevido de mi parte brindar una respuesta definitiva. Sin embargo, he conversado con muchos expertos, académicos y docentes en Perú que coinciden en que, tras el gobierno de Fujimori, el Poder Judicial ha logrado una independencia razonable, con depuraciones y destituciones necesarias. No obstante, hay un riesgo latente de cooptación del Poder Judicial, la Fiscalía y los órganos electorales por parte de la política. Es fundamental preservar la independencia de estas instituciones, ya que politizarlas generaría desconfianza y falta de garantías. Hoy en día, el Poder Ejecutivo y el Congreso tienen una aprobación muy baja, por lo que es crucial actuar con transparencia y elegir a los mejores para estas funciones, alejándonos de políticas sectoriales o partidarias.
¿Cómo valora la justicia peruana en el contexto latinoamericano?
La justicia peruana ha sido capaz de juzgar a cinco o seis expresidentes en los últimos 15 años, lo cual demuestra su capacidad. Si bien siempre hay debates jurídicos, considero que en la mayoría de los casos los fundamentos han sido sólidos. Comparar el acceso a la justicia, la rapidez y la calidad de las decisiones es importante, pero en general, Perú tiene una base razonable para seguir mejorando.
Algunos juristas, como la exfiscal de la Nación y actual congresista, Gladys Echaíz, señalan la falta de idoneidad y preparación de nuestros jueces como una de las causas principales de la crisis del PJ ¿Cómo se podría solucionar este problema?
Volvamos al principio: la Junta Nacional de Justicia tiene la competencia para capacitar a los jueces, pero no se le ha permitido trabajar adecuadamente. El poder político debería nombrar a las mejores personas para esta Junta, asignarle el presupuesto necesario y exigir rendición de cuentas sobre la capacitación y formación de jueces. Sin embargo, si la Junta está inmersa en discusiones políticas y en los titulares de los diarios, será muy difícil que cumpla con su misión. El Perú necesita un sistema judicial independiente, eficaz y probo, y debe contar con las herramientas necesarias para lograrlo.
¿Los medios de comunicación cumplen con su rol en ese contexto?
Es crucial que los medios se enfoquen en temas de interés público y no en la farándula política, que no aporta a la democracia. Los medios independientes son escasos, y muchas veces responden a intereses de grupos de poder. Sería ideal contar con medios públicos fuertes que ofrezcan información objetiva y de calidad, como la BBC o la televisión alemana. Además, sería útil conocer quiénes son los dueños de los medios y qué intereses tienen para entender cómo manejan la información.
Es importante entender que hay pocos medios realmente independientes, ya que a menudo responden a los intereses de grupos de poder. Los medios no solo son una herramienta al servicio de terceros, sino que también ejercen un control mediático propio.
Ese es un problema de larga data y difícil de resolver. En muchos países, no existen medios públicos verdaderamente fuertes al servicio de la ciudadanía, que puedan ofrecer información objetiva y de calidad. Si observamos modelos como la BBC, la radio y televisión francesa, la Deutsche Welle, o la televisión alemana, encontramos fuentes públicas con diversidad de puntos de vista y, sobre todo, transparencia. Sería interesante saber quiénes son los dueños de los medios, qué intereses representan y cuál es su línea editorial, para entender mejor cómo manejan la información.