Política y Estrategia dialogó con Ana Patricia Crosby, experta en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Gestión Pública (actual secretaria académica de la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma) con quien abordamos temas de gobernabilidad, seguridad ciudadana, estructura familiar y defensa nacional. “Necesitamos recuperar el sentido del orden legítimo”, sostuvo en lo referido a la lucha contra el crimen organizado. A propósito de la renovación de equipamiento militar y capacidad operativa de las fuerzas armadas, aseguró que “la defensa nacional es una responsabilidad seria, y su financiamiento no debe verse como un lujo, sino como una inversión en estabilidad”.
Dra. Crosby, en muchos discursos escuchamos el término “gobernabilidad”, pero rara vez se explica con claridad. ¿Qué es realmente la gobernabilidad y cómo debe entenderse en el contexto peruano?
La gobernabilidad no es simplemente evitar la oposición para actuar libremente. En ciencia política, su concepción moderna nace durante la Guerra Fría, cuando un grupo de expertos —entre ellos Samuel Huntington— evalúa la capacidad de gobernar en países democráticos tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el término se asocia con la viabilidad gubernamental, es decir, con la capacidad del Estado para tomar decisiones acertadas que se traduzcan en políticas públicas eficaces, orientadas al bien común.
Hoy en el Perú, se ha vaciado de contenido. Se dice “por gobernabilidad se tomó tal decisión”, pero también se invoca para justificar la inacción. Gobernabilidad no es conveniencia ni comodidad política: es compromiso con la ciudadanía, es capacidad de implementar acciones que mejoren la vida de la población, incluso en escenarios adversos.
Desde esa perspectiva, ¿cómo evalúa usted la situación política y social del país?
Estamos ante una coyuntura muy compleja. En lo político, se avecina un proceso electoral marcado por la sobreoferta de candidaturas, muchas de ellas sin preparación ni propuestas claras. Esto diluye la representatividad y genera una democracia disfuncional. La gente desconfía del sistema porque no ve reflejados sus intereses ni encuentra líderes con legitimidad ética o técnica.
En lo social, enfrentamos una crisis profunda de inseguridad ciudadana. Y no, no es solo una “percepción”. Es una realidad: asaltos, extorsiones, asesinatos, violencia. Además, se ha erosionado el pensamiento crítico: la gente repite lo que escucha en redes sin contrastar fuentes, sin analizar. La educación ha sido reducida a tecnicismos y se ha perdido el componente cívico, la formación ciudadana integral. Y eso tiene consecuencias profundas: sin ciudadanos críticos e informados, no hay democracia sostenible.
Usted ha enfatizado en múltiples espacios la importancia de la familia como célula fundamental. ¿Cree que el Estado ha descuidado su rol como garante y promotor de este núcleo?
Absolutamente. El artículo 4 de la Constitución señala que la familia debe ser protegida por el Estado y la sociedad. Sin embargo, en la práctica se le ha reducido a un símbolo decorativo en los discursos o a un programa marginal en los planes de gobierno. La familia —en sus diversas formas— es la primera comunidad del ser humano. Es donde se aprende el afecto, la responsabilidad, el respeto. No reconocer eso es perder la brújula.
No estamos hablando de ideologías. Estamos hablando de realidades antropológicas, biológicas, jurídicas. El Estado ha perdido una gran oportunidad al no integrar el fortalecimiento familiar en sus políticas públicas. Y lo vemos todos los días: ¿cuál es la primera pregunta que hacemos cuando un joven delinque? “¿Dónde están sus padres?”. Pero nadie trabaja para que esos padres estén en condiciones de ejercer su rol.
¿Qué se ha dejado de hacer frente al crimen organizado? ¿Cómo debería enfrentarse?
Partimos de una omisión fundamental: la prevención. No hemos invertido en fortalecer el entorno familiar ni en formar ciudadanos conscientes desde la infancia. Pero más allá de eso, hay una crisis de autoridad. Hoy, cuando las fuerzas del orden quieren actuar, inmediatamente son descalificadas: se les tilda de represores, de abusivos. Se han producido abusos, claro, pero eso no puede convertirse en excusa para la parálisis.
Necesitamos recuperar el sentido del orden legítimo. Protestar es un derecho. Pero destruir, violentar, lesionar, bloquear, no lo es. Y no podemos normalizarlo. Si justificamos la violencia con narrativas ideológicas, perdemos el respeto por el sistema democrático. La ley debe aplicarse con firmeza, pero también con humanidad. Es un acto de valentía sostener el orden cuando hay caos.
¿Cómo interpreta usted la discusión sobre la ideología de género y su impacto en la estructura familiar?
Hay un problema profundo con el uso de los términos. Se habla de “género” sin claridad conceptual, se repiten ideas sin analizar su contenido. Yo siempre insisto en esto con mis alumnos: debemos entender lo que decimos antes de defenderlo. El respeto por la dignidad humana es incuestionable, sin importar opciones o condiciones. Pero no se puede negar la realidad biológica, antropológica, jurídica.
Cuando se pretende que la mera voluntad sustituya los vínculos jurídicos, caemos en relativismos peligrosos. ¿Puedo decir que me auto percibo como adolescente de 15 años y exigir que me traten como tal? Es absurdo, pero es el mismo principio que subyace en muchas de estas posturas. Lo que está en juego no es el respeto a la diversidad, sino la coherencia con la verdad y el orden natural de las cosas.
Frente al próximo proceso electoral, ¿cómo avizora usted el desenlace?
Con preocupación. La legitimidad está en crisis. Tendremos cédulas de votación con decenas de nombres, la mayoría desconocidos o improvisados. La fragmentación es un reflejo de la falta de confianza en las instituciones y la pobre formación cívica de los ciudadanos. Se ha retirado la educación cívica del currículo escolar. ¿Cómo puede haber democracia sin ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes?
La consecuencia es la apatía o el voto sin criterio. Necesitamos recuperar la educación cívica, el sentido de comunidad y la formación desde la infancia. De lo contrario, no habrá gobernabilidad posible.
De otro lado, en el campo militar, hay voces que cuestionan el gasto en defensa. ¿Qué reflexión haría usted al respecto?
Soy pacifista. Creo en la diplomacia, en el diálogo, en la convivencia. Pero la historia nos demuestra que la paz debe garantizarse. Y esa garantía se llama disuasión. Las Fuerzas Armadas son tan necesarias como los bomberos. Uno no sabe cuándo habrá una emergencia, pero debe estar preparado.
La modernización militar no implica fomentar la guerra. Implica estar listos. Especialmente en un mundo como el actual, donde incluso países vecinos emiten señales preocupantes. La defensa nacional es una responsabilidad seria, y su financiamiento no debe verse como un lujo, sino como una inversión en estabilidad.
¿Qué mensaje final nos deja frente a este panorama?
El Perú sigue de pie, a pesar de todo. Y eso se debe al talante de su gente. Aun cuando el discurso político ha olvidado a la familia, ésta sigue viva en el corazón de los peruanos. Cuando uno pregunta a cualquier ciudadano por qué quiere que el país mejore, la respuesta es la misma: “por mis hijos, por mis padres, por mi familia”. Ese es el punto de partida. Necesitamos liderazgos comprometidos, políticas públicas con enfoque humano, y una ciudadanía educada en valores y conciencia crítica. Solo así podremos construir una gobernabilidad real, legítima y sostenible.