En una advertencia directa y sin concesiones, el exdirector de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil Becerra, alerta sobre la inminente amenaza que enfrentan los candidatos provincianos en el próximo proceso electoral. Aquellos que se atrevan a denunciar el poder del crimen organizado podrían ser asesinados por redes criminales que hoy se mueven con total impunidad en el Perú. En esta entrevista exclusiva con Política y Estrategia, Gil propone una audaz solución para descongestionar los penales —utilizando más de 2,000 inmuebles incautados mediante el mecanismo de obras por impuestos— y advierte que la fragmentación de las fuerzas democráticas podría allanar el camino hacia un régimen socialista que ponga en jaque la estabilidad institucional y económica del país.
“La criminalidad que enfrentamos hoy es más letal y más poderosa que Sendero Luminoso”
Señor Gil, usted ha sido muy contundente al advertir que los candidatos en provincias que denuncien al crimen organizado podrían ser asesinados. ¿Por qué lanza una alerta tan grave?
Porque es real. No es una exageración ni una predicción lejana. Es lo que ya estamos viendo en países vecinos como México, Ecuador o Colombia, donde las mafias han impuesto un régimen de terror sobre los procesos electorales. En el Perú, el crimen organizado ha mutado en una amenaza estructural y sistémica. Ya no hablamos solo de sicarios o extorsionadores: hablamos de economías criminales que controlan barrios enteros, que financian campañas y que, si un candidato les resulta incómodo, no dudan en eliminarlo.
¿Qué hace que esta amenaza sea tan seria?
La capacidad logística, financiera y territorial de estas mafias. A diferencia del terrorismo ideológico que enfrentamos en los años ochenta y noventa, el crimen organizado actual tiene una lógica empresarial. No tiene límites morales ni objetivos políticos: solo busca poder y rentabilidad. Y si un candidato se convierte en un obstáculo para su negocio —ya sea denunciando, fiscalizando o incluso simplemente por ser popular—, lo eliminan. En provincias, donde no hay recursos para garantizar la seguridad, ese riesgo es altísimo.
El crimen ya no es local: es transnacional
¿Quiénes están detrás de este nuevo tipo de criminalidad?
Lo que enfrentamos ya no son pandillas locales. El Perú está completamente rodeado y penetrado por organizaciones criminales transnacionales. Del lado brasileño, han ingresado grupos como el Comando Vermelho, el Primer Comando Capital y La Gran Familia del Norte. Desde Venezuela tenemos al Tren de Aragua y otros grupos asociados. Por Colombia han llegado remanentes de las FARC, hoy reconvertidos en mafias que trafican drogas, armas y personas. Desde Ecuador, bandas como Los Choneros, Los Lobos y otras más pequeñas están actuando en el norte del país.
Y no es solo Sudamérica. También han ingresado organizaciones mexicanas —que tienen experiencia en lavado y sicariato— y hasta mafias chinas, que están involucradas en tráfico de personas y extorsión. Todas estas agrupaciones están fusionándose a la fuerza o mediante pactos con las bandas peruanas locales, generando una red que tiene presencia en múltiples regiones. Están bien financiadas, bien armadas y están creciendo bajo la sombra de la impunidad. Por eso, repito: esto es más peligroso que cualquier terrorismo que hayamos vivido.
¿Por qué escogen al Perú?
Por dos razones clave. Primero, nuestra posición geoestratégica: tenemos costa, acceso a rutas amazónicas y frontera con varios países clave. Segundo, la alta informalidad económica. El 76% de la población económicamente activa vive del comercio informal, lo que significa que hay mucho dinero circulando fuera del sistema bancarizado. Las mafias simplemente toman esos recursos “a sangre y fuego”. Es un ecosistema perfecto para el crimen. En países donde hay orden y control institucional, estas mafias no prosperan. Por eso no se van a El Salvador: allá los meten al penal de máxima seguridad y no salen jamás.
Cárceles transitorias con inmuebles incautados
¿Qué se puede hacer ante esta situación tan crítica, además del trabajo policial?
Una de las soluciones más concretas que propongo es el uso inmediato de más de 2,000 locales incautados por el Estado —a narcotraficantes, lavadores de dinero, traficantes de armas— para la construcción de sistemas penales transitorios. ¿Cómo? Mediante obras por impuestos con el sector privado. En solo dos meses, podemos construir módulos funcionales de reclusión.
¿Qué tipo de población penitenciaria iría a estas nuevas instalaciones?
Presos sin delitos violentos, personas con enfermedades graves, adultos mayores, reclusos próximos a cumplir condena o en proceso de reinserción. Esto nos permitiría descongestionar las grandes cárceles, que hoy están sobresaturadas y colapsadas, y destinar esos espacios exclusivamente a criminales de alta peligrosidad. Así, se recupera el control carcelario y se evita que los penales sigan siendo universidades del crimen.
¿Y esto no requiere también reformas en el plano legal?
Exactamente. Esta medida debe estar acompañada de una reforma legislativa profunda, que elimine los beneficios penitenciarios para delitos violentos. No puede ser que un sicario salga a los cuatro años por “buena conducta”. Eso debe acabar. Si no se ataca la impunidad legal, todo esfuerzo policial se convierte en inútil.
“La impunidad es el oxígeno del crimen”
¿Cree que el sistema judicial y político está preparado para enfrentar esto?
No. Lamentablemente, hay voluntad política, pero no hay ejecución política. El Ejecutivo anuncia medidas, el Congreso aprueba leyes, pero los mandos intermedios —burócratas sin preparación ni visión— sabotean todo. La corrupción, la negligencia y la mediocridad institucional hacen que cualquier política fracase. El sistema está contaminado: hay jueces, fiscales, policías corruptos que favorecen al crimen. Mientras eso no cambie, seguiremos viendo cómo la justicia se convierte en aliada del criminal.
¿Cómo recuperar entonces la confianza ciudadana?
Con resultados visibles y rápidos. Si en dos meses vemos funcionando diez módulos penales con reos no violentos y vemos que en las cárceles de máxima seguridad se encierra a los verdaderos jefes criminales sin posibilidad de beneficios, la ciudadanía va a creer de nuevo en el Estado. Pero si la Policía captura y el sistema judicial libera, estamos llevando agua en una canasta.
“Sin unidad política, el Perú se encamina al socialismo”
Usted también ha sido muy enfático al advertir sobre la fragmentación política. ¿Cuál es el riesgo?
Es un riesgo monumental. Si los partidos democráticos —los que creen en la economía libre, en la propiedad privada, en las libertades fundamentales— no se unen en un bloque fuerte, el Perú irá directo al socialismo en 2026. No se trata de ideología, sino de supervivencia nacional. Hoy las fuerzas de izquierda radical tienen estrategia, financiamiento y redes de influencia. Mientras tanto, los partidos del otro lado están peleando entre ellos por vanidades.
¿Y qué significa “un bloque fuerte”?
Significa una alianza que consiga 90 diputados y 20 senadores comprometidos con la defensa del modelo republicano y la libertad. No se trata de ceder principios, sino de ponerse de acuerdo en lo esencial. Ya no hay espacio para egos ni para discursos tibios. Si no lo hacen, el Perú caerá en el autoritarismo disfrazado de justicia social, como ya ha pasado en Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
¿Y usted, participará en el próximo proceso electoral?
No postularé. Mi lugar natural es el análisis y la estrategia. Aportaré desde donde se me necesite, a cualquier partido que quiera entender este fenómeno con seriedad. Mi compromiso está con el país, no con una bancada. Pero sí hago una advertencia seria a los partidos políticos: deben cuidar a sus candidatos en provincias. El discurso contra las mafias no puede recaer en ellos. Debe ser centralizado, estratégico, seguro. De lo contrario, estamos hablando de posibles asesinatos. No exagero.
El Estado toma el control, o lo toman las mafias
¿Qué le diría usted hoy a la clase política peruana?
Que despierte. Que entienda que la criminalidad transnacional no es un fenómeno pasajero, sino una amenaza estructural y totalizante. Que asuma que los comicios de 2026 podrían estar manchados de sangre si no se protege a los candidatos. Que aproveche los recursos que ya tiene —como los locales incautados— para tomar decisiones valientes. Y que, si no se unen en un frente real por la democracia, el Perú será otro país en manos de una economía criminal y un modelo político autoritario. Estamos advertidos.