El oro brilla en los mercados internacionales. Supera los 5,000 dólares la onza y consolida su condición de refugio financiero global. En el Perú, ese fulgor tiene un reverso oscuro: una economía ilegal que mueve cerca de 12 mil millones de dólares anuales y que hoy se ha convertido en uno de los mayores desafíos políticos y estratégicos del Estado. Mientras esa cifra crece al ritmo del precio internacional del metal, el presupuesto público asignado este año para combatir la minería ilegal asciende apenas a 178 millones de soles. La brecha no es solo económica. Es institucional. Esa fue la advertencia central del Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, el teniente general FAP (r) Rodolfo García Esquerre, durante una conferencia organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma.
Lo que presentó no fue un informe técnico más. Fue un diagnóstico político de una economía criminal que ha penetrado territorios, instituciones y circuitos comerciales.
82 toneladas en la sombra
En 2024, el Perú exportó más de 82 toneladas de oro cuya procedencia no coincide con la producción formal registrada. A precios actuales, eso equivale a miles de millones de dólares.
La pregunta es inevitable: ¿de dónde proviene ese oro?
La respuesta apunta a una cadena que va desde socavones informales y dragas amazónicas hasta redes de comercialización y exportación con apariencia legal.
“La minería ilegal ya no es solo un problema ambiental. Es un problema político, económico, social y de seguridad nacional”, sostuvo García Esquerre.
Amenaza estratégica
Durante años, la minería ilegal fue tratada como un problema periférico, concentrado en zonas amazónicas como Madre de Dios. Hoy está presente en todas las regiones del país, desde Tumbes hasta Tacna, y que afecta a áreas naturales protegidas; concesiones de pequeña, mediana y gran minería; ríos que abastecen ciudades como Iquitos; y comunidades indígenas, como la nación Wampís.
Más de 200 mil hectáreas de bosque han sido devastadas y al menos 225 cuerpos de agua están contaminados.
Pero el impacto ambiental es solo una dimensión.
El fracaso del REINFO
El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) nació como una herramienta para incorporar a los mineros informales a la legalidad. De más de 86 mil inscritos, apenas el 2.4 % logró formalizarse.
En 2024, el Ejecutivo depuró más de 50 mil registros inactivos. Sin embargo, el problema no era solo numérico.
El especialista en seguridad integral Pedro Yaranga Quispe explicó que se cometieron errores similares a los de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico: concentrarse en la acción coercitiva sin resolver el trasfondo social.
“Hay que identificar al delincuente, pero también al minero artesanal que quiere trabajar respetando la ley”, advirtió.
Vacío estatal
Si existe un símbolo de la crisis, ese es Pataz. Tras la pandemia, organizaciones criminales nacionales y extranjeras consolidaron su presencia en la zona. Jóvenes reclutados como resguardo armado, desapariciones, ejecuciones y redes de protección ilegal marcaron un antes y un después.
García Esquerre describió cómo la zona pasó de tener dos comisarías con poco más de veinte efectivos a contar con una división policial con capacidad para 160 agentes y tres puestos de control.
Pero Yaranga fue más incisivo: el problema no es solo policial.
En Pataz circulan aproximadamente 30 mil personas. Hay un centro de salud sin ambulancia y una infraestructura vial precaria, pese a ser una provincia que aporta significativamente al erario nacional.
El vacío estatal crea terreno fértil para la criminalidad.
Economía paralela
En Madre de Dios, la minería ilegal ya no opera como campamento improvisado. Es una estructura organizada con redes logísticas, combustible, carreteras y tecnología satelital.
Un dato revelador: cada vehículo diésel en la región consume 330 veces más combustible que uno en Lima. La explicación está en las dragas y maquinaria pesada que operan en los ríos.
El fenómeno incluye explotación sexual, trata de personas y financiamiento de estructuras criminales.
Dimensión transnacional
La frontera norte es otro frente crítico. En la Cordillera del Cóndor se detectó la presencia de mineros ilegales armados procedentes de Ecuador y Colombia, incluso con vínculos con remanentes de grupos armados.
Yaranga advirtió que el crimen organizado transnacional no reconoce fronteras y que, sin alianzas estratégicas con Bolivia, Ecuador y Colombia, el esfuerzo será insuficiente.
¿Cambio real o contención temporal?
El Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal, que incorpora tres ejes: Formalización, Erradicación e interdicción y Recuperación ambiental con desarrollo sostenible.
En 2024 se realizaron 745 operativos y se destruyó material por casi cuatro mil millones de soles. Sin embargo, el propio comisionado admitió que la interdicción es solo una parte del tratamiento.
“La erradicación es el jarabe para la fiebre; el desarrollo es el antibiótico”, explicó.
Riesgo político
El problema no es únicamente financiero o ambiental. Es político.
La minería ilegal genera flujos de dinero capaces de influir en autoridades locales, financiar campañas y corromper estructuras estatales.
Yaranga lanzó una advertencia contundente: en zonas críticas, la rotación constante de personal policial responde al riesgo de contaminación institucional.
Si el negocio mueve 12 mil millones de dólares al año, su capacidad de penetración es proporcional.
El dilema estratégico
El Estado enfrenta una economía criminal que supera ampliamente sus recursos de combate. El precio internacional del oro seguirá siendo un incentivo poderoso.
La pregunta estratégica es si el país asumirá la minería ilegal como lo que ya es: una amenaza a la gobernabilidad, al ambiente y a la seguridad nacional.
Porque no se trata solo de dragas en los ríos o socavones clandestinos.
Se trata de soberanía territorial, control institucional y legitimidad democrática. El oro ilegal ya no es un problema periférico. Es una prueba de resistencia para el Estado peruano.