El exviceministro de Políticas para la Defensa del Mindef, César Torres Vega, quien cataloga de irresponsables aquellas declaraciones de analistas políticos (ex funcionarios de Estado) que censuran la inversión en la recuperación de la capacidad disuasiva, en este caso, la adquisición de los cazas de combate, sostiene que el proceso de compra de los nuevos sistemas de superioridad aérea no puede detenerse. Sin embargo, el también Mayor General FAP en retiro, manifiesta que –dada la coyuntura, que reafirma una suerte de inestabilidad política crónica, con un noveno presidente del Perú en diez años, el izquierdista José María Balcázar–, sería preferible que la elección del nuevo caza de combate, fuese responsabilidad del nuevo gobierno que asuma funciones el 28 de julio próximo.
—General, hace unos días se aprobó la transferencia presupuestal para la adquisición de los nuevos cazas. Sin embargo, hay voces que sostienen que un gobierno de transición no debería avanzar en una compra de esta magnitud. ¿Cuál es su posición?
Esta es una compra estratégica que marcará el horizonte de la seguridad nacional por los próximos 40 años. No es una adquisición ordinaria, sino una decisión que impacta directamente en la capacidad disuasiva del Perú.
Sin embargo, considerando la inestabilidad política crónica que vivimos —cambios sucesivos de gobierno, crisis institucional— creo que no es el momento oportuno para que un gobierno de transición adopte la decisión final sobre qué sistema adquirir. Esa responsabilidad debería recaer en el nuevo gobierno que asuma el 28 de julio, que ojalá tenga un horizonte de cinco años y estabilidad suficiente para asumir ese compromiso histórico.
—¿No existe el riesgo de que postergar la decisión termine dilatando indefinidamente el proceso?
La compra tiene que hacerse sí o sí. Eso debe quedar absolutamente claro. La seguridad nacional hoy se encuentra vulnerable en varios frentes. No podemos mantener un sistema de defensa con capacidades que ya alcanzaron la obsolescencia.
Lo que corresponde es que el nuevo gobierno lo asuma como uno de sus primeros retos. Generar disuasión en un contexto internacional tan incierto no es opcional, es una obligación. Si no se hace, quienes tengan la responsabilidad política estarán ocasionando un daño muy grave al país.
—Algunos exfuncionarios y analistas sostienen que el país no debería invertir en cazas, sino priorizar la lucha contra el crimen organizado o fortalecer a la Policía Nacional. ¿Qué responde?
Esas declaraciones son irresponsables y revelan una profunda ignorancia sobre lo que significa la defensa nacional.
Defensa y desarrollo son dos caras de la misma moneda. No son excluyentes. Invertir en defensa no es un gasto, es una inversión. Es el seguro de vida de la Nación. Más vale tener ese seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo.
La seguridad interna es competencia de la Policía; la defensa externa corresponde a las Fuerzas Armadas. Mezclar ambos planos solo confunde a la población. Además, recursos en el Perú existen; el problema es la mala gestión y la corrupción. No se puede pretender debilitar la defensa del país bajo argumentos simplistas.
—Hoy no contamos con superioridad aérea efectiva. ¿Qué implica eso para el país?
Implica que nuestra capacidad disuasiva es limitada. Y la disuasión es precisamente lo que evita conflictos. Recordemos lo que significó el conflicto del Cenepa: pérdidas humanas y costos económicos enormes. Eso sucede cuando no se internaliza la importancia de contar con capacidades militares adecuadas.
La Fuerza Aérea ya cumplió su parte: realizó estudios técnicos exhaustivos y estableció una prelación de requerimientos. Ahora la decisión es político-estratégica y debe tomarse en el más alto nivel.
—En la evaluación se mencionan tres opciones: el F-16 estadounidense, el Rafale francés y el Gripen sueco ¿Considera que, actualmente, la opción de Lockheed Martin mantiene una ventaja en el orden de preferencia?
Cada uno tiene fortalezas y limitaciones. El F-16 Fighting Falcon es una plataforma probada y diseñada para operar en red. Pero para aprovechar plenamente sus capacidades, el Perú necesitaría aproximadamente 3,500 millones de dólares adicionales destinados a un avión de alerta temprana, un tanquero y mejoras en infraestructura —pistas y bases como La Joya, Chiclayo, Talara e Iquitos—. De lo contrario, se perdería hasta un 50% de su potencial operativo.
El Dassault Rafale, con dos motores y mayor autonomía, ofrece mejores prestaciones de penetración, sensores integrados y capacidades de guerra electrónica. Con el presupuesto actual estaría en mejores condiciones operativas que el F-16 sin complementos adicionales, aunque igualmente se beneficiaría de sistemas de apoyo.
En cuanto al Saab JAS 39 Gripen, es un avión moderno y eficiente en costos de operación, pero existe una importante lista de espera —con Brasil y Colombia— que podría postergar entregas hasta 2036, algo que el Perú no puede permitirse.
—¿El contexto geopolítico actual influye en la decisión?
Por supuesto. Estados Unidos ha intensificado su presencia en la región, ha reforzado alianzas y ha declarado al Perú aliado principal no miembro de la OTAN. Hay ofertas de financiamiento y cooperación. Pero la decisión debe responder al objetivo político del Perú: mantener el equilibrio estratégico para garantizar disuasión. No se trata de elegir por simpatías o presiones, sino por el interés nacional.
—¿Cuál es su mensaje para la clase política?
Que comprendan que la defensa nacional no es un lujo ni un capricho militar. Es una condición indispensable para el desarrollo. Lo que se invierte en defensa es el seguro de la Nación.
Postergar indefinidamente esta decisión sería una irresponsabilidad histórica. Pero adoptarla sin estabilidad política suficiente también puede ser un error. Lo sensato es que el próximo gobierno, con legitimidad y horizonte claro, tome la decisión definitiva y la ejecute con visión estratégica. El Perú no puede seguir debilitando su capacidad disuasiva en un mundo cada vez más incierto.