El economista Alejandro Indacochea alza la voz y advierte que el Estado mantiene una ausencia casi absoluta de control sobre las plantas procesadoras de oro, el eslabón clave para frenar la minería ilegal. Sin supervisión de SUNAT, Osinergmin, Sucamec, Minem, Mintra y Minam, estas instalaciones se han convertido en el corazón de una cadena que mueve más de US$12 mil millones al año y que hoy financiaría campañas electorales.
Usted afirma que la ampliación del Reinfo (Registro integral de formalización minera) ya no es un mecanismo de legalización, sino un instrumento político. ¿Por qué?
La ampliación por quinta vez del Reinfo —especialmente para quienes extraen más de 50 mil toneladas— no contribuye a la formalización. Es, básicamente, un salvavidas político para asegurar campañas electorales. Desde 2016 a la fecha, menos del 2.5% de los inscritos se han formalizado. El Reinfo se ha convertido en un escudo para operar en la ilegalidad bajo etiquetas como “minería artesanal” o “minería ancestral”.
¿Qué efectos concretos tiene esto en el país?
Una cadena de delitos: sicariato, lavado de activos, tráfico de explosivos, crimen organizado, explotación infantil, redes de corrupción e impunidad. Pero el impacto más grave es el financiamiento ilegal de campañas electorales, que hoy ya resulta obsceno. Si antes se hablaba de un narcoestado, hoy vemos señales claras de captura del Estado por redes mineras ilegales.
Usted ha mencionado que el Estado ni siquiera controla la exportación del oro.
Exacto. El Perú exporta formalmente entre 110 y 115 toneladas de oro, equivalentes a más de US$12 mil millones al año. Ese oro sale por aduanas hacia Suiza, Dubái y empresas estadounidenses, muchas veces sin trazabilidad real. ¿Cómo podemos decir que el Estado funciona si es incapaz de controlar la cadena económica más grande del país? Es un fracaso evidente.
Usted identifica un eslabón crítico del que nadie habla: las plantas procesadoras.
Así es. Es el tema que todos evitan. Son instalaciones donde el mineral se tritura, concentra y lixivia para convertirlo en oro vendible. El Minem dice que hay más de 200, pero investigaciones periodísticas hablan ya de más de 400 plantas, porque los gobiernos regionales —que las autorizan— no tienen ninguna capacidad de control. Y aquí lo peor: son legales, pero nadie las fiscaliza.
¿Nadie? ¿Ni SUNAT?
SUNAT persigue contribuyentes en Miraflores, San Isidro o Lince, pero jamás pisa una planta procesadora. No controla volúmenes, no contrasta con exportaciones, no verifica procedencia del mineral. Lo mismo ocurre con Sucamec, que debería controlar explosivos; con el Ministerio de Energía y Minas, que debería supervisar; con el Ministerio de Trabajo, que debería fiscalizar condiciones laborales; con Osinergmin y el Ministerio del Ambiente, que deberían vigilar impactos ambientales.
Es un Estado ausente en toda su magnitud.
¿Esta ausencia es incapacidad o deliberada ceguera?
Para mí, es claro: el Estado está capturado. No es casual que se exporten US$12 mil millones en oro y que nadie controle la cadena. No es casual que sustancias químicas como mercurio, cianuro o ácido sulfúrico circulen sin monitoreo. No es casual que explosivos usados en atentados —como en Trujillo— no tengan procedencia esclarecida. Esto no es desorden: es captura estatal.
Entonces sostiene que la minería ilegal está comprando la política.
Y lo estamos viendo en tiempo real. El dinero del oro ilegal compra candidatos, financia campañas locales, regionales y nacionales, y sienta en el poder a autoridades que responden a esas mafias. Hay partidos enteros que terminan sirviendo a intereses mineros ilegales. Así se erosiona la democracia: con maletas de efectivo y redes criminales detrás.
Menciona, también, leyes que favorecen a estas mafias.
Sí. Hay un paquete de leyes que han sido llamadas con razón “pro delincuencia”.Por ejemplo: La Ley 31751 (Ley Soto), que permite manipular plazos y debilita procesos penales. La Ley 31989, que impide la incautación de material usado en minería ilegal, incluidos explosivos La Ley 32054, que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal por financiamiento ilícito. Estas normas encajan perfectamente con la ampliación del Reinfo. Es una sinergia diseñada para desactivar la lucha contra las mafias.
¿Qué debería hacer el presidente José Jerí ante esto?
Debe dejar los comentarios genéricos. Este es un momento estratégico en la historia del país. Él mismo apoyó estas leyes cuando era congresista, pero hoy es presidente: su responsabilidad es otra. Jerí debe derogar inmediatamente las leyes pro delincuencia. Ordenar una intervención integral en plantas procesadoras, con SUNAT, Sucamec, Minem, Osinergmin, Mintra, Minam y la Policía. Reformar el Reinfo y reemplazarlo por una verdadera ley de pequeña minería, que separe el trabajo artesanal legítimo de las redes criminales. Restablecer la trazabilidad del oro desde el tajo hasta la exportación. Si no se corrige la cadena, nunca se podrá combatir la inseguridad ciudadana ni el crimen organizado.
¿Es posible revertir esta captura del Estado?
Solo si el presidente asume un rol histórico. La popularidad de hoy es efímera. Lo que queda es la decisión de enfrentar a las mafias o rendirse ante ellas. El país no soporta más explosivos sin control, más trabajadores sin derechos, más ríos contaminados, más leyes hechas a medida del crimen, más oro ilegal financiando campañas. El punto de quiebre lo debe dar el Ejecutivo. Y el tiempo es ahora.