El crimen organizado transnacional lleva muchos años posicionado en Latinoamérica, no solo como actividad ilícita, sino también como accionar de estructuras armadas que desafían, sistemáticamente, al poder estatal. A pesar de que los casos más resaltantes, en términos mediáticos, han sido los de Colombia y México, Brasil es uno de los países donde el crimen organizado con impronta terrorista se ha enraizado, al punto que, una y otra vez, sus gobiernos deben recurrir a las fuerzas armadas para contenerlo.
Cuesta creer que, en el 2006, esto es, hace ya más de 17 años, por ejemplo, Río de Janeiro y Sao Paulo fueron objeto de una ola de ataques contra comisarías y autobuses, que dejaron como saldo alrededor de 300 muertos, entre civiles y policías. En el 2012 y el 2014, se sucedieron casos similares en estas y otras ciudades brasileñas, ejecutados por el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, en represalia por el traslado de sus cabecillas a centros penitenciarios de máxima seguridad.
Más recientemente, en octubre del 2023, tuvo lugar una nueva ola de ataques en Río de Janeiro, esta vez protagonizada por grupos paramilitares conocidos como milicias, en respuesta a una operación policial que acabó con la vida de uno de sus líderes. Cabe señalar que estas milicias están conformadas por militares y policías en retiro que, en un inicio, se presentaron como la solución a la violencia en las favelas, pero que, con el transcurso de los años, quedó claro que su verdadera intención era desplazar a las bandas criminales para tomar su lugar.
En este contexto, a inicios de noviembre del 2023, el gobierno brasileño dispuso el despliegue de las fuerzas armadas en los principales aeropuertos y puertos del país, con la intención de reforzar la seguridad en ellos, teniendo en cuenta que son utilizados por el crimen organizado para la distribución de los cargamentos de droga. La presencia de los militares en esas infraestructuras críticas se extenderá hasta mayo próximo, aun cuando no se descarta la posibilidad de prorrogarla en caso de que sea necesario.
Y a todo esto, ¿cuál es el costo social del crimen organizado en Brasil? Según información consignada en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, divulgada a mediados del año pasado, el país registró 47,508 muertes violentas en el 2022, ¡el equivalente a la capacidad del estadio Arena Corinthians de Sao Paulo! A ello hay que añadir que, de acuerdo a cifras del Atlas de la Violencia, difundidas en diciembre del 2023, las personas de raza negra representan el 79% de las víctimas de homicidio, un dato revelador sobre la pobreza y el racismo imperantes en Brasil.
De manera que, si bien Latinoamérica es una región de paz, en el sentido que no hay guerras interestatales, la situación del crimen organizado en Brasil y otros países hace que, empero, no sea una región pacífica. En ese sentido, quizá sea momento de poner a debate la posibilidad de legalizar las drogas como medio de terminar con la espiral de violencia que consume a nuestras naciones, que se corrompen, empobrecen y desangran en una “guerra” que lleva más de 50 años. Porque la otra opción es seguir en esta situación por otro medio siglo.
❯❯ Carlos Rada Benavides es analista de temas internacionales y de seguridad.
Gracias por traerlo a nuestra memoria, lo que vivimos ahora es la suma acumulada del desarrollo del “Crimen organizado”; cada vez más robusto y con raíces profundas que atraviesan fronteras. Me gusta el estilo de este medio, breve y puntal de su opinión. ¿Qué fuentes han utilizado para obtener las cifras?
Saludos desde Colombia.
Hola, Mauricio, gracias por tu comentario. Mira, las fuentes están consignadas en el artículo. Estamos hablando del Anuario Brasileño de Seguridad Pública y del Atlas de la Violencia.