En diálogo con Política y Estrategia, el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, aseguró que el gobierno de Dina Boluarte posee los lineamientos, establecidos por el sector Defensa, para que en setiembre próximo las fuerzas militares concentradas en el VRAEM entreguen el control de la zona a la Policía Nacional del Perú (PNP). De este modo, podrán desplegarse en las zonas de frontera, como la cuenca del río Putumayo, donde no existe presencia efectiva del Estado y campea el crimen organizado que controla la minería ilegal, que, en total, mueve más de USD 9,000 millones, esto es, casi el 2 % del PBI.
¿Cuál es el camino para llevar la presencia del Estado al Putumayo?
Es una pregunta interesante, porque la intervención en el Putumayo no puede ser, únicamente, militar. Ese fue el error que se cometió en el VRAEM. Para lograr la pacificación en la zona de Putumayo, lejos de organizaciones criminales y lejos de la presencia de remanentes de las FARC, se tiene que hacer un trabajo multisectorial, que inicia con una voluntad política para enfrentar esta amenaza a la seguridad y la defensa nacional. El trabajo debe ser coordinado, tiene que haber desarrollo de transportes y comunicaciones, de vías, mayor infraestructura educativa, de desarrollo agrícola, de justicia, para determinar cuál es la normatividad ahí. Ambiente, para evitar afectaciones ambientales en las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo por acción de la minería ilegal. Es un trabajo articulado y conjunto. Pero lo primero que tiene que haber es una voluntad política. El Putumayo está siendo descuidado hace más de 25 años y es una potencial bomba de tiempo que puede terminar peor que el Brasil.
Los analistas consultados sobre este tema coinciden en que la primera acción a realizar es constituir más bases militares para abrir un poco la brecha a la acción de los otros sectores. ¿Usted qué piensa?
En estos momentos el escenario no es muy favorable para dar solución a un problema como el Putumayo, porque nuestras Fuerzas Armadas no están en condiciones de poder enfrentar dos acciones militares en el interior de nuestro territorio. Una, que es el VRAEM, en donde hemos derivado todo nuestro potencial, eje presupuestal, cantidad de efectivos especializados en este tipo de lucha, versus el Putumayo. Existe carencia de personal, solamente podemos tener una determinada cantidad de efectivos, porque podría afectar la seguridad y defensa nacional. Carecemos de personal, pues ha disminuido entre un 50 % y 70 %.
Los puestos de vigilancia no están en las mismas condiciones de hace 10 o 15 años. Las bases militares no cuentan con la cantidad suficiente de efectivos.
La pregunta tiene un direccionamiento en el sentido siguiente: lo primero que se debería hacer es asegurar la zona, dándole seguridad a cada uno de los sectores para que pueda llevar a cabo su trabajo. De lo que se trata es de desarrollar y pacificar la zona. La parte militar y policial sirve para erradicar los ilícitos y hacer un control territorial. En estos momentos se debería hacer los procesos correspondientes para que nuestra Policía Nacional asuma el control territorial del VRAEM. En este año y el próximo hacer todo el esfuerzo con la cooperación internacional… Así como hizo Estados Unidos con el Plan Colombia, hacer un Plan Perú – Putumayo para llevar a cabo la pacificación de esa zona. De lo contrario, podríamos lamentar las potenciales consecuencias de que la zona se convierta doblemente riesgosa como el VRAEM.
Con clara afectación a la soberanía nacional.
Por supuesto, porque con la presencia de bandas armadas extranjeras, como son los GAOR en la provincia de Putumayo, que se encuentran en la zona produciendo cocaína y cometiendo ilícitos que están afectando no solamente el ecosistema, sino también la seguridad y la defensa nacional.
Evidentemente, hay una pérdida de soberanía y, además, está el problema de la extracción del oro ilegal.
Por supuesto. El Perú es un país bendito, encuentras oro en la tierra, en los ríos y esa es una virtud que no está siendo bien explotada, porque tendríamos que hacer un trabajo en conjunto con las personas que, ancestralmente, se han dedicado a la minería artesanal. Algo se tiene que hacer con ese potencial. Tenemos, primero, que ordenar la casa, y para eso tenemos que controlar la zona militar y policialmente. Darle seguridad y, sobre todo, protección a los sectores del Estado y a la población para lograr su bienestar y desarrollo. De otra manera va a ser sumamente difícil. Hay un potencial en nuestra Amazonía, no solamente en el tema de recursos, de hidrocarburos, sino también en el oro de alta calidad. Si lográramos que ese oro se quedara en nuestro territorio, este país sería otro. Pero hay gente que se aprovecha de eso para llevar a cabo ilícitos, haciendo que, por el norte, se vayan tres mil millones de dólares y, por el sur, cerca de seis mil millones de dólares: en total, nueve mil millones, casi el 2 % del PBI.
Hay propuestas interesantes, como la del exviceministro López-Dolz, quien dice que el Estado debería llegar a las zonas de minería artesanal y captarlas para beneficio del país, liberando del IGV a ese oro, ya que no se está ganando nada en la actualidad.
No, lo primero que se debería hacer es organizarlos, ayudarlos para que su sistema de extracción no afecte el ecosistema. Siempre hemos hablado del mercurio y hay sistemas que se vienen utilizando de gravedad, de tal manera que, cuando uno comienza a procesar el material, este cae sin afectar el ecosistema. Debería haber un tiempo en la utilización de una determinada área geográfica con ese tipo de sistemas e ir migrando, de tal manera que el ecosistema recobre su propia dimensión y no se afecte a la población, ni a la flora y fauna. El sistema del REINFO (Registro Integral Información Minera) no ha funcionado. En años anteriores se estableció el Banco Minero, que fracasó. El Ministerio de Energía y Minas, a través del Banco de la Nación, debería crear establecimientos para ordenarlos y después adquirir el oro. Darles la facilidad para formalizarse, que sepan que eso les dará la capacidad de tener un préstamo. Empezamos reduciendo el IGV y cada año, a medida que se va creciendo, se va obteniendo mayor cantidad de recursos.
Queda claro que, para iniciar todo ese proceso, es necesario que las Fuerzas Armadas dejen el VRAEM. Específicamente, ¿cuál es el primer paso que debe dar el Gobierno para que eso se concrete?
Ya se han dejado los lineamientos para que este año, a partir de septiembre, la Policía pueda tomar el control del VRAEM, mediante una transición en la cual las Fuerzas Armadas le entreguen la zona ya pacificada, porque ese es su trabajo. Con la Policía se establecieron las políticas antiterroristas, antidrogas, no fueron las Fuerzas Armadas. Cada uno debe asumir su rol, su responsabilidad. Si para cumplir con su labor les faltaran recursos, como aeronaves, las Fuerzas Armadas le asignarían apoyo a la labor de orden interno. A la fecha, las Fuerzas Armadas ya han pacificado el 60 % del VRAEM, por lo que el 40 % restante lo debería asumir la Policía. Ese sería el primer paso. Como segundo paso, entre octubre, noviembre y diciembre, se tendría que definir cómo van a intervenir las Fuerzas Armadas, en qué lugares o zonas, como el Putumayo.
El haber logrado un acuerdo para la interdicción no letal con Estados Unidos abre muchos mecanismos, como que nos puedan proporcionar asistencia. No, como se dice, que van a colonizar… Jamás ha habido acá una base militar americana, no sé por qué sacan que acá hay bases militares americanas, que hay intervención del imperialismo… Ese es un cuento trillado. La verdad es que necesitamos ayuda presupuestal, cooperación internacional, para tener aeronaves, para implementar bases. Ello tiene que erigirse sobre estructuras que permitan defender la zona, fortalecer y albergar a las personas que necesitan protección. No cometamos el mismo error que se cometió en el VRAEM, cuando combatimos a la subversión: teníamos bases que, primero, eran de esteras, después de adobe y hacíamos nuestras necesidades en el campo. Lo primero que se necesita es que nuestras Fuerzas Armadas terminen su misión en el VRAEM, que pueden hacerlo en este año, y de ahí se trasladen a la zona de Putumayo y comiencen a hacer un planeamiento en los próximos cinco años. Si llegan a realizar ese tipo de acción, les aseguro que, en diez años, la zona de Putumayo estará totalmente pacificada.
Eso nos llena de optimismo. Entonces, ¿tenemos que esperar para septiembre se cumpla esa directiva?
Todos los años, desde el sector Defensa, se establecen políticas traducidas en lineamientos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en la zona de Putumayo? ¿En la zona de VRAEM? ¿Cómo se tiene que apoyar el control interno? ¿Qué se tiene que hacer en la gestión de riesgos y desastres? ¿Qué se tiene que hacer en misiones de paz? Son los cinco roles de las Fuerzas Armadas. Lo que sucede es que nosotros tenemos que organizarnos, planear, ejecutar y dejar de lado la percepción de que queremos seguir en el VRAEM por un “interés”. Tenemos que demostrarle al país que las Fuerzas Armadas están más allá de su rol constitucional, que están preocupadas y siempre intervienen para proteger a su nación.
De modo que quienes tienen que hacer cumplir los lineamientos que determinan que las Fuerzas Armadas deben dejar el control del VRAEM a la Policía son el ministro de Defensa y la presidenta de la República.
Cada quien es responsable de sus competencias. A la señora presidenta, en el Consejo de Ministros, cada sector le explicó cuáles eran sus políticas y sus lineamientos para el presente año, esa es una responsabilidad que tienen que llevar a cabo en ese sentido. En el ámbito de competencias y desarrollo de cada una de las acciones, soy un convencido de que cada funcionario conoce sus competencias y sus responsabilidades, sabe lo que tiene que hacer. Es por eso que, en el devenir del cumplimiento de sus competencias y sus acciones, tiene que llevar a cabo acciones que permitan lograr el desarrollo, el bienestar, pero en un ámbito de seguridad.
Mucho se ha hablado de que no hay desarrollo si no tenemos seguridad y viceversa. Creo que es un binomio que sí debe de funcionar, pero lo primero que debemos hacer es ver y desarrollar una gestión prospectiva, mirando hacia el futuro, qué cosa puede pasar si no hacemos nada. Nos equivocamos en el VRAEM, porque no puede ser solo una solución militar. En la zona del Huallaga no se triunfó solo con acciones militares. Es un valle eminentemente productivo, con vías de comunicación, con aeropuertos. La zona del VRAEM no tiene aeropuerto, algunos dicen que si los hubiera saldría la droga por ahí. ¡El colmo! Tenemos que ser proactivos, pero todo nace de una voluntad y decisión política de que se deben cumplir los plazos y que toda acción debe reposar sobre resultados.
Usted que ha estado en el Ejecutivo, ¿siente que existe voluntad política de este gobierno para cumplir con ese propósito?
Hasta el momento en que yo he estuve, sí. De lo contrario, no me hubieran permitido presentar las políticas y los lineamientos. Porque eso está escrito, lo hemos trasladado al Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas). Entre agosto y septiembre la zona del VRAEM ya debe estar pacificada y el control territorial debe estar en manos de la Policía, y que, a partir de ese momento, tenemos que trasladarnos al Putumayo.
¿Se siente optimista respecto de esa decisión?
Nunca voy a perder la esperanza de que existen buenos patriotas que quieren el desarrollo y el bienestar, pero sobre todo proteger a nuestro país. Las Fuerzas Armadas, a las cuales he tenido el honor de representar dos veces como ministro de Defensa, siempre han estado, están y estarán para proteger a su nación en todo momento. Lo hicimos en la crisis del COVID-19, en cada una de las emergencias del Niño Costero. Desde 1970, con lo que sucedió en Huaraz, con la desgracia de Yungay, los primeros que llegaron fueron los militares. En cada momento de nuestras circunstancias… Las Fuerzas Armadas derrotaron al terrorismo, pero no derrotaron la guerra política del terrorismo. De lo contrario, no hubiera ese tipo de remanentes. No debemos cantar victoria. Lo que sí debemos hacer, es tener la esperanza de un país mucho mejor cuando nos despojemos de los intereses personales, porque nosotros debemos servir al país, no servirnos de él. Ese es el mensaje que todos esperamos en un futuro, no solamente para las elecciones del 2026, sino un futuro muy cercano, donde sus autoridades se preocupen por el país en los tres niveles de gobierno. No solamente es un problema del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales y locales. Cada uno se debe preocupar, en ese sentido, de proteger a sus ciudadanos y proteger a su país.