En diálogo con Política y Estrategia, el internacionalista y experto en temas de inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, señala la imperiosa necesidad de reformular el papel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para otorgarle a la inteligencia estratégica el verdadero peso que debe tener, esto es, dedicarse a los grandes problemas que enfrenta el Estado peruano y no desviarse de su función para sostener a los gobiernos de turno. Al respecto, en relación al crimen organizado, cada vez más fuerte y enraizado en la estructura estatal, advierte la necesidad de mirarnos en el espejo ecuatoriano.
Desde el gobierno de Castillo ha habido cuatro jefes de inteligencia. ¿Qué nos dice ello como política nacional?
Sin duda que el gobierno de Castillo se especializó en destruir la escasísima institucionalidad que se había construido, particularmente, en el órgano rector, en la DINI. No solo se politizó, sino que se prescindió de una buena cantidad de cuadros técnicos y especializados que se habían formado durante años. Realmente, podemos decir que el gobierno de Castillo es uno de los grandes responsables de que hoy día tengamos una situación de inteligencia que deja mucho que desear y que va a costar mucho tiempo y esfuerzo poder institucionalizar. Quiero subrayar, además, que hay algo muy importante: en 24 años hemos tenido tres leyes de inteligencia y la última, que es la 1141 del 2012, ha sido parchada varias veces. Por otro lado, un aspecto medular que no se ha desarrollado en los últimos años es el plan de carrera de inteligencia, que en la legislación de 1992 sí señalaba la necesidad de tener un plan de carrera para que no se produzca esta altísima rotación de personal, que tanto ha conspirado contra la institucionalización de la inteligencia.
En la memoria colectiva reciente prevalece el recuerdo de la crisis en el sector en la década de los 90, con el manejo del entonces SIN por Vladimiro Montesinos. ¿Qué opina sobre esa etapa?
Cuando uno habla de unificación de modelos centralistas unificados… En Estados Unidos, después de los atentados terroristas del 2001, se produce una gran reforma institucional de la inteligencia, que se había organizado en base a un acta de 1947. Efectivamente, los servicios se unificaron, pero hay que discernir algo muy importante: estamos hablando de Estados Unidos, donde hay un sistema muy institucionalizado, hay contrapesos políticos y el Congreso tiene una labor fiscalizadora. Lamentablemente, en América Latina, cuando tenemos estos gobiernos hegemónicos, con mayorías parlamentarias y politización de la inteligencia, pasa lo que pasa. Por eso es importante hacer las cosas en función de las características del país. Es posible que haya sido buena la idea de unificarlos, pero en 1992, con la legislación generada, la falta de control y de contrapeso político, el Congreso hegemónico conspiró también contra este mal empleo o subempleo de los servicios de inteligencia. El asunto es muy complejo, particularmente, en América Latina, donde los problemas son parecidos en todos los países.
Precisamente, esa situación hace que, cuando se habla de sistema de inteligencia, se entiende que este opera en función del gobierno de turno. ¿Cómo empezar a salir de ese concepto?
En primer lugar, es obvio que el Perú tiene el problema de una imagen muy deteriorada de los servicios de inteligencia. La opinión pública tiene una percepción muy negativa de ellos. Hay que generar una percepción mucho mejor mediante la cultura de inteligencia o la institucionalización de los planes de carrera del personal. Que no haya alta rotación del personal, que se defina muy bien el trabajo en función de las amenazas, que se cumpla, estrictamente, el plan de inteligencia nacional y que sea fiscalizado por la comisión parlamentaria de inteligencia. Se deben aplicar mecanismos de control público desde el Ejecutivo, la Contraloría General de la República y, también, el control judicial de operaciones. Tenemos que ponerle mucho contrapeso para evitar esa imagen de que los servicios trabajan, solamente, para fines de los intereses del presidente de turno.
Entonces, la solución consiste en hacer una verdadera inteligencia estratégica, objetivo que muchas veces se queda en el papel. Una inteligencia que sirva, realmente, a los intereses del Estado y no para sacar las castañas del fuego al gobernante de turno.
Efectivamente, en el Perú hay una tendencia de que el órgano rector en el nivel estratégico se ocupa de problemas nimios. A los presidentes, que son los policymaker, les importa muy poco lo que le pase al país en cinco o diez años. Les interesa más la coyuntura y el tema del día. Hay que sacarles ese chip a los decisores políticos, a los tomadores de decisión, de que la inteligencia se emplea cuando tienen un problema de minucia política, digamos de proyección de 48 o 72 horas. Los órganos rectores tienen que ver cosas de largo plazo, pero la cultura política de la inmediatez, de bajar el nivel estratégico a formas de trabajo de carácter táctico y operativo, lo único que hace es enredar las cosas.
Existe un agravamiento de la disputa geopolítica global que, más temprano que tarde, nos va a alcanzar. Tenemos un Estado copado por el crimen organizado. La disrupción tecnológica nos va a alcanzar en no más de una década. ¿No le parece que estos son parte de los temas a los que debería estar abocada, de lleno, la inteligencia estratégica?
Correcto. Hay temas muy densos en el frente exterior, de fuerte incidencia nacional, y ya no se puede separar la frontera entre lo interno y lo externo. Hoy día los temas son “intermésticos”. Efectivamente, tenemos amenazas no tradicionales que son transversales, como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo. En el escenario de las disputas geopolíticas, tenemos fuertes inversiones de China Popular, pero estamos muy cercanos, geográficamente, a Estados Unidos. Tenemos agendas muy densas e importantes, pero esa inmediatez que tienen los presidentes, de no ver más allá de lo obvio, no permite tener un sentido estratégico para la toma de decisiones y los servicios de inteligencia quedan, simplemente, como retazos para solucionar problemas domésticos que nacen del Poder Ejecutivo.
¿Por dónde empezamos a reencauzar esta situación?
Creo que ha llegado el momento de pensar en una nueva ley de inteligencia nacional, desde el Ejecutivo o el Legislativo, con un énfasis especial para formular un plan de carrera del personal de inteligencia, ya que una de las grandes falencias del órgano rector ha sido el reclutamiento de personal basado, en muchos casos, en el amiguismo y el compadrazgo. No han llegado los mejores especialistas. Se formaron en la Escuela Nacional de Inteligencia sin lograr una estabilidad laboral inmediata. También debería haber esquemas de requisitos, a manera de cursos de preparación. El analista de inteligencia, en el concepto, debe ser la columna vertebral de un centro de inteligencia o un instituto, particularmente, a nivel estratégico. El capital humano, factores tecnológicos, geográficos, antropológicos, sociológicos, de mucha profundidad política, que hacen que el personal de inteligencia no solo sea adecuadamente captado, sino sometido a un proceso de formación continua, porque los escenarios están cambiando.
Entonces, lo primero es trabajar un plan de carrera permanente para lograr estabilidad, continuidad y un buen proceso de selección de personal. Hubo un proyecto de ley del Congreso, del 2017 o 2018, sobre la necesidad de declarar de necesidad pública la carrera del personal de inteligencia. Lamentablemente, cayó en el olvido y ese es uno de los grandes problemas. Es una de las tareas inmediatas que tenemos.
No obstante, esa solución configura una salida a largo plazo.
Así es. Los procesos de institucionalización de los servicios de inteligencia son lentos, no se dan de la noche a la mañana y hemos perdido mucho tiempo. Nadie justifica el SIN, pero los 24 años que hemos tenido, realmente, son de retroceso. En ese tiempo no hemos podido consolidar una estabilidad y una continuidad. Miremos el caso de Ecuador, país que ha tenido 14 jefes de inteligencia y tres organizaciones desde el 2009: la DNI, que venía de 1979, la SENAIN y el CIES. Ahora, cada nomenclatura tiene el nombre de un presidente: cuando se habla de la SENAIN es Rafael Correa y cuando se habla del CIES es Lenín Moreno. Mirémonos en el espejo de Ecuador, con todos los problemas gravísimos de seguridad que tiene.
¿Si seguimos como estamos vamos por la senda de Ecuador entonces?
Exactamente, nos vamos a “ecuatorianizar”. La inestabilidad normativa y el hecho de que cada director ha sido el brazo operativo extensor del presidente de turno ha dejado a Ecuador como está. Hoy en día, Guayaquil es el emporio de la corrupción. Ahí están las consecuencias y a eso podemos llegar.
Tenemos en marcha un plan de construcciones navales y, asimismo, la inversión china en el mega puerto de Chancay, que ya va a empezar a operar. Algunos analistas están advirtiendo que esto va a generar más problemas en relación al accionar de las organizaciones criminales.
Correcto, es el espejo ecuatoriano, de ver cómo los puertos son el emporio y la punta de lanza del crimen organizado. Las nuevas rutas del narcotráfico están, básicamente, orientadas a la parte marítima portuaria y es claro que el punto medular es toda la costa ecuatoriana, que se ha vuelto un país de tránsito. Hay una tercerización, un outsourcing de la producción de drogas de Colombia y Perú. Se requiere mucha cooperación entre los Estados, sobre todo los servicios de inteligencia. Efectivamente, se nos vienen muchos temas: las nuevas industrias militares, el mega puerto de Chancay, el conflicto por la competencia entre China y Estados Unidos… El tema de Irán, que ya tiene convenios con países limítrofes como Bolivia. Se sabe que hay estructuras proxies iraníes como el Hezbolá que han operado en el norte chileno. Tenemos la migración venezolana, que es un problema también muy complicado. El Tren de Aragua, Los Gallegos que operan en Arica, extensiones y brazos operativos del crimen organizado.
Hay una densidad de cosas muy complejas. Lo que tendría que hacer el Poder Ejecutivo es despertar, mirar más a la necesidad de institucionalizar los servicios de inteligencia. Presidentes que se llevan mal, diplomacia del Twitter, malas relaciones entre nosotros que impiden la cooperación. Lo digo por (Gustavo) Petro.
Para finalizar, está el tema del accionar de la inteligencia cubana en el Perú, con el “Gallo” Zamora.
Sí, eso no es nuevo. La inteligencia cubana empezó el año 1972, cuando el gobierno militar de (Juan) Velasco inició y estableció relaciones diplomáticas con Cuba y comenzaron ya a instalarse, de manera muy silente, las llamadas Casas de la Amistad Peruano-cubanas. La inteligencia cubana es muy profesional, ha demostrado mucho profesionalismo en las acciones que ha desarrollado. Maneja muy bien la promoción de guerras revolucionarias o subversivas. Es heredera de los servicios soviéticos, que saben trabajar muy bien los temas de agitación, propaganda y sabotaje. Han reestructurado los servicios de inteligencia de Venezuela y prestado apoyo a Bolivia. La mayor cantidad de su personal diplomático está muy vinculado a los servicios de inteligencia, pese a las carencias tecnológicas que tiene Cuba. Los cubanos siguen con la vieja escuela de la inteligencia humana. No se puede descuidar este frente, por más que Cuba esté en una crisis crónica. Ellos trabajan siempre en la inteligencia, lo mismo que Venezuela. Hemos tenido a Virly Torres y nos han puesto almirantes de embajadores. Porque también los venezolanos, apoyados por los cubanos, son otro vector que hay que tener siempre en observación.