Ante a la inminencia de un sismo de gran magnitud en el país, el exministro de Defensa, General EP (r) Jorge Chávez Cresta, advirtió a Política y Estrategia sobre las severas limitaciones legales que hoy “amarran de pies y manos” a las Fuerzas Armadas, impidiéndoles actuar en la prevención, rehabilitación y reconstrucción de desastres. Para superar este vacío normativo y optimizar la respuesta de la logística militar, el también exjefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), propone la creación de una Autoridad Nacional de Riesgo de Desastres. Asimismo, denuncia que los partidos políticos ignoran la prevención en sus debates técnicos y cuestiona a las autoridades locales, regionales y nacionales que ven en las declaratorias de emergencia una oportunidad para gestionar presupuestos sin fiscalización.
General, tras un desastre climático, la población suele ver al Ejército y a las Fuerzas Armadas como sus principales protectores. ¿Es esta una visión real o un idealizado deseo ciudadano?
Tenemos que enmarcarnos estrictamente en la ley. Todo el mundo puede desear que se hagan muchas cosas, pero lo que manda es la norma legal dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Sinagerd), creada entre 2011 y 2012. Actualmente, el control y la administración de una emergencia corresponden exclusivamente al poder político. Si el desastre es distrital, manda el alcalde; si es regional, el gobernador; y si llega a nivel nacional, interviene el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Conagerd) con la presidencia de la República. Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) actúan de oficio, pero se encuentran con una pared: no tienen presupuesto asignado para ello y están limitadas por la ley.
¿Por qué afirma que están limitadas si siempre vemos a los soldados en las zonas de emergencia?
Porque de los siete procesos que tiene la gestión de riesgo, la ley solo faculta a las FF.AA. participar en dos: preparación y respuesta. No nos permiten actuar en la reducción, mitigación, rehabilitación ni reconstrucción. En la práctica, las FF.AA. están amarradas de pies y manos. Cuando fui ministro de Defensa en el gobierno de Dina Boluarte, solicité formalmente las reformas normativas para que la institución pudiera hacer tareas de prevención con su equipo mecánico y personal. ¿Qué respuesta obtuve? Un rotundo “no, que las Fuerzas Armadas no participen”. Lamentablemente, la reconstrucción y la rehabilitación son vistas por muchos como una unidad de negocio, y eso está mal. Hay una tendencia global mal entendida de que la protección civil debe ser estrictamente civil, relegando la capacidad militar.
Sin embargo, la logística militar —helicópteros, aviones para puentes aéreos, hospitales de campaña— es lo más visible y efectivo tras una catástrofe. ¿Cómo se optimiza eso si no hay un marco legal adecuado?
La participación de la fuerza armada es efectiva y necesaria porque posee una estructura vertical y una logística única. Se han creado Compañías de Intervención Rápida para Desastres (CIRD) con 120 hombres en diversas regiones, pero 120 hombres con las manos vacías no solucionan el problema. El personal debe tener capacidades y equipamiento. Recuerdo que cuando fui jefe de INDECI durante la erupción del volcán Ubinas en Moquegua, llegaron tropas de apoyo desde Arequipa. Al recibirlos les pregunté por sus mascarillas y no tenían; andaban con borceguíes cuando la situación exigía otro tipo de implementos. Para que la logística funcione, las FF.AA. deben poder presupuestar y mantener sus equipos (maquinaria pesada, helicópteros con certificaciones actualizadas, hospitales de campaña) orientados a este fin, algo que hoy el Ministerio de Economía no alimenta adecuadamente porque la ley no les da ese rol preventivo ni rehabilitador.
Usted menciona que el manejo de las emergencias por parte de las autoridades políticas deja mucho que desear. ¿Existe mala gestión o algo más profundo?
Existe corrupción y una pésima gestión en los tres niveles de responsabilidad política: local, regional y nacional. Las autoridades solo reaccionan ante la contingencia. Es alarmante, pero para muchos alcaldes o gobernadores, un desastre natural parece significar sacarse “la lotería”. Las declaratorias de emergencia les brindan la oportunidad perfecta para manejar presupuestos millonarios de manera directa y sin mayor fiscalización. Esto desincentiva por completo cualquier esfuerzo real de prevención.
Ante este panorama de corrupción y trabas legales, ¿cuál es su propuesta concreta para cambiar el sistema?
Al igual que en otros países vecinos que controlan mucho mejor estas situaciones, el Perú necesita la creación de una Autoridad Nacional de Riesgo de Desastres. Esta entidad debe centralizar las decisiones, tener un carácter técnico e incorporar formalmente a las Fuerzas Armadas en todo el ciclo del riesgo (desde la prevención hasta la reconstrucción), dotándolas de recursos normativos y financieros directos para que actúen sin depender del arbitrio de autoridades políticas locales.
Estamos en pleno debate de cuadros técnicos de los partidos políticos que buscan gobernar el país. ¿Ha visto esta propuesta o alguna preocupación similar en sus planes?
Absolutamente en ninguno. En el debate de los cuadros técnicos de los partidos en competencia, ninguno ha desarrollado una verdadera preocupación ni propuestas serias para la prevención de desastres. Esto es de una irresponsabilidad tremenda. Existen rigurosos estudios científicos que aseguran que un terremoto de gran magnitud se producirá en el país de forma inminente. El silencio de la clase política frente a esta realidad es alarmante.