Por: Luis Saavedra Contreras (*)
La democracia no consiste en que todos pensemos igual, sino en que todos tengamos el mismo derecho a pensar diferente y expresar nuestra voluntad mediante el voto. En una República, el respeto a la voluntad popular constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, y cualquier intento de restringir, disminuir o desconocer derechos políticos por razones ideológicas, geográficas o de conveniencia electoral representa una peligrosa desviación de los principios democráticos que sustentan la Nación.
En ese contexto, resultan profundamente preocupantes las declaraciones de la señora Amalia Palomino, virtual diputada por Juntos por el Perú, quien cuestionó que los peruanos residentes en el extranjero participen en la elección de las autoridades nacionales. Pretende restringir el derecho al voto de los peruanos en el extranjero, planteando que aquellos que tengan una permanencia de diez años fuera del país ya no puedan participar en las elecciones democráticas mediante el sufragio.
A ello se suma la acción de amparo presentada por el abogado de Juntos por el Perú. Walter Ayala con el propósito de intentar anular los votos emitidos por nuestros compatriotas en el exterior. Ambas iniciativas generan legítimas preocupaciones sobre el respeto irrestricto a los derechos políticos de millones de ciudadanos peruanos que, pese a encontrarse fuera del territorio nacional, mantienen intacta su nacionalidad, su identidad, sus deberes y sus derechos como miembros de la comunidad nacional. Los peruanos residentes en el extranjero no dejan de ser peruanos por cruzar una frontera; Continúan siendo parte de la Nación, conservan plenamente sus derechos constitucionales a decidir el futuro de la República.
La ciudadanía peruana no tiene fecha de vencimiento. Ningún peruano deja de ser peruano porque tuvo que emigrar para trabajar, estudiar, atender problemas de salud o reunirse con su familia. La distancia geográfica no extingue la nacionalidad, la identidad nacional ni los derechos políticos que derivan de ella. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 2, inciso 2, que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen o cualquier otra condición. Pretender que un peruano tenga menos derechos políticos únicamente por residir fuera del territorio nacional crea una discriminación arbitraria entre ciudadanos que poseen exactamente la misma nacionalidad.
Asimismo, el artículo 31 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante el sufragio. Este derecho constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia constitucional y no puede ser restringido de manera arbitraria o irrazonable. De igual manera, el artículo 52 señala quiénes son peruanos por nacimiento y por naturalización. La Constitución no establece que la residencia prolongada en el extranjero provoque la pérdida de la nacionalidad peruana. Por lo tanto, si una persona sigue siendo peruana, resulta contradictorio pretender reducir o eliminar sus derechos políticos fundamentales.
La Constitución Política del Perú no distingue entre peruanos que viven dentro o fuera del territorio nacional cuando se trata del derecho al sufragio. Nuestra nacionalidad no expira al abordar un avión ni desaparece al cruzar una frontera. Siguen siendo parte de la Nación, contribuyen al desarrollo del país, apoyan a sus familias, invierten en el Perú y mantienen vivo nuestro compromiso con el destino de la patria.
Lo más preocupante es que estas propuestas aparecen precisamente después de que el voto de los peruanos en el exterior no favoreció al partido de Juntos por el Perú. En una democracia auténtica, los resultados electorales se respetan, gusten o no. Pretender invalidar o restringir el derecho al voto de un sector de ciudadanos porque no votó de la manera esperada a favor de la izquierda constituye una conducta incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la igualdad política de todos los peruanos.
En términos prácticos, una medida de esta naturaleza implicaría crear una categoría de ciudadanos con menos derechos que otros, afectando el principio de igualdad jurídica que sustenta el Estado de Derecho. Los peruanos en el exterior continúan siendo parte activa del Perú. Mantienen a sus familias, regresan periódicamente al país, realizan inversiones, transfieren conocimientos adquiridos en el extranjero y envían remesas por miles de millones de dólares que fortalecen la economía nacional. Muchos de ellos abandonaron el país precisamente porque el Estado fue incapaz de ofrecer suficientes oportunidades laborales, educativas y profesionales. Miles de peruanos emigraron para estudiar.
Lo hicieron con enormes sacrificios personales y familiares. Muchos no provienen de familias adineradas. Son hijos de familias de clase media, baja que ahorraron durante años para financiar una carrera universitaria, una maestría o una especialización. Presentarlos como una élite privilegiada constituye un estereotipo falso que no resiste el menor análisis de la realidad. Existe además una cuestión moral de fondo. Resulta contradictorio que el Estado no haya podido ofrecer oportunidades suficientes para evitar la emigración y, posteriormente, pretenda castigar políticamente a quienes se vieron obligados a partir.
La falta de empleo, las limitadas oportunidades de desarrollo profesional y las deficiencias estructurales del país empujaron a muchos peruanos a buscar un futuro mejor fuera de nuestras fronteras. Convertir esa realidad en motivo de exclusión política constituye una profunda injusticia.
La propuesta también resulta inconsistente desde una perspectiva lógica. Si se aceptara el criterio de que la residencia determina la legitimidad para participar políticamente, entonces habría que cuestionar también el derecho de millones de peruanos que migraron internamente. ¿Acaso una persona nacida en Lima que se trasladó a vivir a Puno dejaría de tener interés en los asuntos de Lima? ¿O alguien nacido en Puno que reside en Arequipa perdería el derecho a opinar sobre el futuro de su región de origen? El Perú es una nación construida históricamente por procesos migratorios internos y externos. Todos somos, en alguna medida, producto de la migración.
La falacia del supuesto desconocimiento del Perú
Uno de los argumentos utilizados para justificar esta descabellada propuesta sostiene que quienes llevan más de diez años fuera del país ya no conocen la realidad peruana. Sin embargo, dicho razonamiento incurre en una generalización apresurada de manipulación. La falacia consiste en asumir que una característica atribuida a algunas personas debe aplicarse automáticamente a millones de individuos sin evidencia que la respalde.
Surgen entonces preguntas inevitables: ¿Existe algún estudio científico, académico o sociológico que demuestre que todos los peruanos que residen más de diez años en el extranjero desconocen la realidad nacional? ¿Se ha realizado alguna evaluación objetiva, representativa y metodológicamente válida que permita medir dicho supuesto desconocimiento? ¿Existe evidencia estadística que pruebe que millones de peruanos en el exterior carecen de la capacidad necesaria para ejercer responsablemente su derecho al voto? La respuesta es no.
Y no solo no existe tal evidencia, sino que una afirmación de esa naturaleza resulta extremadamente difícil de sostener desde el punto de vista científico. Ninguna investigación seria puede atribuir una misma característica intelectual, política o social a millones de personas que viven en decenas de países distintos, poseen diferentes niveles educativos, mantienen distintos grados de contacto con el Perú y desarrollan realidades personales completamente diversas.
Afirmar que todos los peruanos que llevan más de diez años en el extranjero desconocen la realidad nacional carece de sustento científico y empírico. Se trata de una falacia de generalización apresurada, mediante la cual se pretende convertir la percepción subjetiva de una persona en una conclusión aplicable a toda una población de ciudadanos. Millones de peruanos residentes en el exterior mantienen una relación permanente y activa con el país. Siguen diariamente las noticias nacionales a través de medios digitales, participan en redes sociales y espacios de debate político, mantienen contacto constante con sus familiares, realizan inversiones, envían remesas de millones de dólares al Perú, participan en organizaciones de la diáspora y viajan regularmente al Perú.
En el siglo XXI, la premisa de que la distancia geográfica equivale a desconocimiento resulta cada vez más insostenible. La revolución tecnológica ha eliminado gran parte de las barreras informativas. Un peruano que reside en Madrid, Nueva York, Roma, o Buenos Aires, puede acceder en tiempo real a las sesiones del Congreso, entrevistas políticas, medios de comunicación, estadísticas oficiales, debates públicos y acontecimientos nacionales exactamente con la misma rapidez que un ciudadano residente en Lima, Arequipa, Cusco o Trujillo.
La información ya no depende de la ubicación física de una persona, sino de su interés y participación. Existen ciudadanos que viven fuera del Perú y siguen de cerca la vida nacional todos los días, así como ciudadanos que viven dentro del país y muestran poco interés por los asuntos públicos. Por ello, la residencia geográfica no constituye un criterio racional, objetivo ni constitucionalmente válido para determinar el grado de conocimiento político de un ciudadano.
Pretender privar del derecho al voto a millones de peruanos basándose en una presunción general y no demostrada, equivale a sustituir la evidencia por el prejuicio y los hechos por una opinión. Si el criterio para votar fuera el nivel de conocimiento político, entonces la lógica debería aplicarse a todos los ciudadanos por igual. Bajo ese razonamiento, habría que exigir exámenes de conocimientos políticos, económicos, institucionales y constitucionales a todos los electores antes de permitirles votar. Pero ello sería incompatible con los principios democráticos modernos.
La democracia no reconoce ciudadanos de primera y segunda categoría según su nivel educativo, profesión, ingresos o conocimientos técnicos. Más aún, si se pretende exigir conocimientos de nuestra realidad para ejercer el derecho al voto, la exigencia debería comenzar por quienes aspiran a gobernar. Resultaría razonable preguntarse si quienes buscan ocupar cargos públicos estarían dispuestos a someterse a evaluaciones rigurosas sobre economía, administración pública, educación, salud, agricultura, tecnología, seguridad nacional, política exterior y funcionamiento del Estado.
La analogía de la familia
La propuesta parte de una premisa profundamente equivocada: que la distancia elimina el vínculo, responsabilidades, derechos y amor. Un hijo que vive en el extranjero no deja de ser hijo. No deja de amar a sus padres, no deja de preocuparse por ellos ni deja de ayudarlos cuando lo necesitan, no deja de sentirlos como parte de su vida. La distancia física no rompe los lazos familiares.
Del mismo modo, un peruano que vive fuera del país no deja de ser peruano. No deja de preocuparse por el futuro de la Nación ni pierde el interés por el bienestar de sus familiares, amigos y compatriotas. No deja de alegrarse cuando la patria progresa. No deja de sentir orgullo cuando la bandera peruana es respetada en el mundo. El vínculo con la patria no se mide en kilómetros. Se mide en identidad, historia, cultura, afecto y compromiso.
Una propuesta contraria a la experiencia internacional
La razón es simple: la nacionalidad no desaparece cuando una persona cruza una frontera. Los millones de peruanos que viven fuera del país no son extranjeros respecto al Perú. Son parte del Perú. Mantienen viva la cultura peruana en el mundo, sostienen económicamente a miles de familias, representan al país en el ámbito académico, profesional y empresarial, y continúan ejerciendo plenamente su condición de ciudadanos peruanos. Porque vivir lejos del Perú no significa abandonar al Perú. Significa, muchas veces, haber tenido que partir para encontrar oportunidades que el propio Estado no fue capaz de ofrecer, sin dejar por ello de amar, defender y contribuir al país que sigue siendo su hogar.
La historia demuestra que los proyectos políticos que buscan restringir derechos de los ciudadanos mediante el uso instrumental o la manipulación del sistema democrático, en nombre de una supuesta causa superior, terminan inevitablemente debilitando las libertades que afirman defender. Cuando los mecanismos democráticos son utilizados para recortar derechos políticos legítimamente reconocidos, se está frente a una deriva incompatible con los principios republicanos, constitucionales y democráticos que sostienen al Estado peruano.
Este tipo de propuestas revela una lógica peligrosa: la sustitución del principio de igualdad ciudadana por criterios de exclusión política. Los proyectos de corte autoritario totalitarios en la actualidad, no se caracterizan por abolir formalmente la democracia de inmediato, sino por erosionarla gradualmente, definiendo quiénes pueden participar plenamente en ella y quiénes deben ser excluidos bajo argumentos arbitrarios. Defender el voto de los peruanos en el exterior es defender la Constitución, la igualdad de derechos, la unidad nacional y la propia esencia de la República. Ningún gobierno, partido político o autoridad, tiene el derecho de decidir qué peruanos merecen participar en la democracia y cuáles no. Nadie puede quitarnos el derecho a seguir construyendo el futuro de nuestra patria. Porque vivir lejos del Perú no significa abandonar al Perú. Significa, muchas veces, haber tenido que partir para encontrar oportunidades que nuestro propio país no supo ofrecer, sin que por ello hayamos dejado de amar, servir y creer en la nación que llevamos en el corazón.
(*) Ingeniero Ambiental, Máster en Ingeniería Ambiental de la Empresa, Universidad Ramon Llull, Barcelona, España. Maestro en Inteligencia Estratégica del CAEN, graduado en el 1er puesto de la VI Maestría en Inteligencia Estratégica, Lima, Perú.