Mientras el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha convertido en un mecanismo que prolonga la informalidad, la minería ilegal mueve alrededor de US$ 11,500 millones al año, financia organizaciones criminales transnacionales, destruye la Amazonía, contamina los ríos con mercurio y pone en riesgo la vida de miles de comunidades nativas, reveló el analista en seguridad integral, Pedro Yaranga Quispe, quien advirtió que el Estado debe pasar de perseguir al minero de campo, a golpear las finanzas del crimen organizado.
Durante la conferencia “Minería ilegal: propuestas para enfrentarla” (organizada por la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma y la plataforma Política y Estrategia), el analista señaló que este flagelo ha dejado de ser un problema exclusivamente ambiental para convertirse en una de las mayores amenazas contra la seguridad nacional del Perú. Su expansión ha consolidado una poderosa economía criminal que, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), mueve alrededor de US$ 11,500 millones anuales, una cifra que supera ampliamente los ingresos de numerosos sectores productivos del país y que refleja la magnitud del negocio ilícito construido alrededor del oro.
El fenómeno trasciende la extracción ilegal del mineral. Se trata de una compleja red integrada por organizaciones criminales nacionales y transnacionales, lavado de activos, narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción y violencia armada, cuyos efectos alcanzan la economía, el medioambiente, la salud pública y la soberanía en las zonas de frontera.
Detrás de la informalidad
Según Yaranga, uno de los mayores desafíos para el Estado ha sido diferenciar la minería artesanal, la minería informal y la minería ilegal.
La minería artesanal constituye una categoría técnico-productiva basada en el trabajo manual y tecnologías tradicionales, limitada por la legislación peruana a una producción máxima de 25 toneladas métricas por día en minería metálica y extensiones de hasta 100 hectáreas. “Sin embargo, ser artesanal no implica automáticamente actuar dentro de la legalidad. Cuando una explotación se desarrolla dentro de parques nacionales, cabeceras de cuenca, riberas de ríos o áreas naturales protegidas, pasa a constituir un delito”, explicó el analista.
La minería informal, en cambio, corresponde a quienes operan en zonas autorizadas, pero aún no han culminado el proceso administrativo para obtener todas las licencias exigidas por la legislación. Su característica esencial es encontrarse en proceso de formalización.
“El problema aparece cuando ambos conceptos son utilizados para encubrir actividades claramente ilegales”, recalcó.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2016 como un mecanismo temporal para facilitar la formalización durante tres años, terminó convirtiéndose, tras sucesivas ampliaciones, en un registro prácticamente permanente. Para numerosos especialistas, este instrumento dejó de ser una herramienta de transición para transformarse en un escudo legal que dificulta la persecución penal de actividades claramente ilícitas.
Economía ilícita versus grandes industrias
El incremento sostenido del precio internacional del oro ha convertido a la minería ilegal en uno de los negocios ilícitos más rentables del continente. Las estimaciones del Instituto Peruano de Economía señalan que las exportaciones de oro de origen ilegal o sin trazabilidad, superan actualmente los US$ 11,500 millones anuales, un incremento de aproximadamente 55 % respecto del periodo anterior.
El volumen resulta igualmente alarmante: más de 100 toneladas de oro salen cada año del país sin un origen plenamente acreditado, representando cerca de la mitad del oro exportado por el Perú. Los principales destinos incluyen India, Emiratos Árabes Unidos (Dubái), Canadá y Suiza, mercados donde el mineral termina incorporándose a los circuitos internacionales luego de procesos de comercialización que dificultan rastrear su verdadero origen.
La nueva alianza
Pedro Yaranga Alertó que las investigaciones sobre seguridad revelan que la minería ilegal ha dejado de operar mediante pequeños grupos aislados para convertirse en una actividad controlada por organizaciones criminales de alcance internacional.
Actualmente se identifica la presencia de más de 17 organizaciones criminales transnacionales, entre ellas “Los Lobos”, originaria de Ecuador, y el “Comando Vermelho”, una de las principales estructuras del crimen organizado brasileño.
“Estas organizaciones no solo participan en la extracción del oro, sino que controlan rutas de transporte, pistas clandestinas, corredores fluviales, sistemas de protección armada y mecanismos de lavado de activos.
Su modelo de operación mantiene una estrecha relación con el narcotráfico”, explicó.
Ambas economías ilícitas comparten infraestructura logística, laboratorios clandestinos, rutas terrestres, corredores fluviales y redes internacionales para movilizar mercancías y dinero. En muchas zonas amazónicas, la minería ilegal y el narcotráfico han terminado integrándose dentro de un mismo ecosistema criminal.
Devastación en la Amazonía
“El impacto ecológico alcanza dimensiones críticas”, aseguró el expositor. Las estimaciones disponibles indican que la minería ilegal ha provocado la pérdida de más de 141 mil hectáreas de bosques amazónicos, mientras enormes extensiones continúan siendo degradadas mediante maquinaria pesada prohibida para la pequeña minería, como dragas y tractores tipo Caterpillar.
Uno de los casos más representativos –sostuvo– se registra en la cuenca del río Yuyapichis, donde durante 2026 fueron detectadas 142 infraestructuras mineras en apenas un mes de monitoreo sobre los ríos Yuyapichis y Negro, evidenciando la acelerada expansión de esta actividad.
En la Reserva Nacional de Tambopata, otro de los principales focos de explotación ilegal, se reporta la destrucción de más de 500 hectáreas, además de la detección de 183 infraestructuras ocultas utilizadas para sostener las operaciones clandestinas.
“El mercurio constituye una amenaza silenciosa para las comunidades nativas. La minería ilegal no solo transforma el paisaje: Cada año se vierten aproximadamente 40 toneladas de mercurio en los ríos amazónicos”, lamentó Yaranga.
Una vez liberado, este metal pesado se transforma en metilmercurio, compuesto altamente tóxico que ingresa a la cadena alimentaria mediante los peces consumidos diariamente por numerosas comunidades indígenas.
Las consecuencias sanitarias son severas: daños neurológicos irreversibles, afectaciones al desarrollo infantil, trastornos motores y deterioro progresivo de la salud de poblaciones enteras que dependen directamente de los ecosistemas amazónicos para su alimentación y supervivencia.
En muchas comunidades fronterizas, la contaminación del agua ya representa una amenaza tan grave como la propia presencia del crimen organizado.
Amenaza para la soberanía nacional
La expansión de la minería ilegal también ha debilitado la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre extensas zonas de frontera. La presencia de organizaciones armadas, economías ilícitas y redes internacionales de financiamiento ha convertido diversos territorios amazónicos en espacios donde la autoridad estatal resulta insuficiente.
Guarda parques, dirigentes indígenas, defensores ambientales y autoridades locales enfrentan crecientes niveles de violencia mientras intentan contener el avance de estas organizaciones.
Golpear las finanzas del crimen
Para el analista en seguridad, la estrategia estatal debe dejar de concentrarse exclusivamente en la persecución de los mineros que realizan la extracción y enfocarse en las estructuras financieras que sostienen toda la cadena criminal.
Su primera propuesta consiste en “asfixiar los activos de las organizaciones delictivas en lugar de perseguir solo al recolector inicial en el campo”, priorizando investigaciones patrimoniales, inteligencia financiera y lavado de activos.
Asimismo, plantea desarrollar auditorías permanentes a las plantas de beneficio y comercializadoras de oro en Lima y en las zonas de frontera, con el objetivo de cerrar los mecanismos mediante los cuales el oro ilegal ingresa al mercado formal.
Finalmente, sostiene que el Estado debe reforzar su presencia territorial mediante el fortalecimiento de bases militares y policiales, incluida la contrainteligencia, en zonas estratégicas como Tambopata, Yuyapichis y las principales cuencas fronterizas, además de garantizar condiciones reales de seguridad para guarda parques y comunidades nativas que hoy enfrentan prácticamente solas el avance de las organizaciones criminales.
Desafío que compromete el futuro del país
La minería ilegal ya no constituye únicamente un problema de explotación minera clandestina. Se ha convertido en una poderosa economía ilícita que erosiona la recaudación fiscal, financia estructuras criminales transnacionales, fortalece las redes del narcotráfico, destruye ecosistemas estratégicos y compromete la salud y la supervivencia de miles de ciudadanos amazónicos. El desafío para el Estado peruano no consiste, únicamente, en destruir campamentos ilegales, sino en desarticular las redes financieras, comerciales y logísticas que permiten que el oro extraído ilegalmente termine integrado al mercado internacional. Solo mediante una estrategia integral que combine inteligencia financiera, control territorial, trazabilidad comercial y protección efectiva de las comunidades y de las áreas naturales protegidas será posible contener una economía criminal que hoy representa una de las mayores amenazas para la seguridad, el desarrollo y la soberanía del Perú.