Una matriz de 60 variables elaborada por el especialista en inteligencia estratégica Luis Saavedra Contreras, identifica sorprendentes similitudes entre el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile y el secuestro del empresario Jens Lara y el cruel asesinato de sus acompañantes en Trujillo. Uniformes policiales, simulación de autoridad, vehículos, logística, planificación y posibles estructuras de apoyo abren una pregunta que trasciende a los autores materiales: ¿está el crimen organizado aprendiendo a utilizar capacidades propias del Estado?
Dos secuestros ocurridos en países distintos y en contextos diferentes pueden parecer, a primera vista, acontecimientos sin relación entre sí. Sin embargo, cuando se examina su arquitectura operativa aparecen coincidencias que merecen algo más que una mirada policial convencional.
El secuestro y posterior asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile y el secuestro del empresario minero Jens Lara, junto al asesinato de cuatro de sus acompañantes, en Trujillo, presentan similitudes en la forma de aproximarse a las víctimas, la utilización de una falsa identidad policial, el empleo de uniformes y vehículos, la capacidad de control de la escena y la aparente planificación previa.
La matriz comparativa elaborada por Luis Saavedra, examina ambos episodios a través de 60 variables. Su conclusión no es que exista evidencia suficiente para afirmar que se trata de una misma organización criminal. La hipótesis es más amplia: determinadas capacidades, procedimientos o conocimientos podrían estar siendo imitados, aprendidos, transferidos o facilitados entre grupos criminales, e incluso, con la participación de agencias extranjeras.
La diferencia es sustancial. No se trata únicamente de descubrir quién ejecutó cada operación. La pregunta clave consiste en determinar de dónde provinieron las capacidades que permitieron ejecutarlas.
Coincidencia clave: hacerse pasar por el Estado
En ambos casos, según la matriz, los delincuentes habrían recurrido a una herramienta particularmente peligrosa: la apropiación de la autoridad estatal.
En Chile se utilizó una falsa operación policial asociada a la Policía de Investigaciones (PDI). En Trujillo, los atacantes habrían utilizado elementos que simulaban pertenecer a la Policía Nacional del Perú, incluso con referencias al Grupo GRECCO (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado, unidad de élite de la PNP creada en noviembre de 2023 para combatir la delincuencia de alta peligrosidad).
La matriz considera que ésta, no es una simple coincidencia. La utilización de uniformes, vehículos, documentación y procedimientos policiales permitiría neutralizar la resistencia inicial de la víctima y generar una percepción de legitimidad. Es decir, la identidad institucional se convierte en un arma.
La investigación debería establecer quién proporcionó los uniformes, dónde fueron adquiridos o fabricados, cómo llegaron a manos de los delincuentes y si existió algún tipo de acceso privilegiado a información, equipamiento o procedimientos policiales.
Una operación que parece tener más de una célula
Otra coincidencia significativa está en la composición de los grupos. La matriz distingue entre quienes ejecutan directamente la intervención y quienes cumplen funciones de apoyo. En el caso Ojeda, se identifica un grupo de cuatro falsos policías o detectives que habría ingresado a la operación, con un quinto integrante como conductor.
En Lara, aparecen igualmente cuatro falsos policías vinculados a la extracción, asesinato y secuestro, además de un quinto elemento relacionado con apoyo logístico. Saavedra advierte que no debe confundirse al grupo visible de ejecutores con la totalidad de la estructura operacional.
Esta distinción es fundamental desde la perspectiva de inteligencia: una operación compleja requiere, potencialmente, vigilancia, comunicaciones, alerta, logística, transporte, armas, vehículos y mecanismos de escape. La pregunta, por tanto, deja de ser simplemente “¿quiénes participaron?” y pasa a ser “¿quiénes hicieron posible que la operación pudiera ejecutarse?”.
Vigilancia previa
Una operación de esta naturaleza difícilmente puede explicarse solamente por improvisación. La matriz registra como una variable crítica la existencia de vigilancia previa. En Chile, la investigación habría documentado actividades de seguimiento anteriores al secuestro. Para el caso Lara, el documento plantea la necesidad de reconstruir esa fase mediante cámaras de seguridad, comunicaciones y geolocalización.
También resulta relevante determinar si los autores conocían previamente los movimientos de la víctima, sus rutinas, lugares frecuentados y niveles de protección. La selección del empresario vinculado a la actividad minera y aurífera es, en ese sentido, otra línea de investigación que merece ser reconstruida.
Desde una perspectiva de inteligencia, el objetivo no comienza cuando aparece el vehículo utilizado para interceptarlo. El objetivo comienza mucho antes, cuando alguien decide que esa persona debe convertirse en blanco.
¿Cómo supieron que podían actuar?
Uno de los aspectos más sensibles de la matriz se encuentra en las variables relacionadas con información policial, filtraciones y posible infiltración institucional.
En el caso chileno, la investigación exploró posibles vínculos con actores relacionados con el Estado venezolano (la prensa nacional del Perú acaba de revelar un testimonio que destaca el dejo venezolano de uno de los asesinos en Trujillo). En el caso peruano, Saavedra plantea como hipótesis de investigación, la eventual colaboración de malos elementos policiales o extranjeros.
El documento de Saavedra es cuidadoso: no presenta la hipótesis como una conclusión. Lo que plantea es la necesidad de determinar si hubo información sobre movimientos policiales, tiempos de respuesta, identidad de funcionarios o procedimientos operativos, que pudieran haber llegado a los delincuentes.
Este punto cambia completamente la naturaleza del problema. Si una organización criminal puede conocer anticipadamente cómo reaccionará la Policía, dónde se encuentra o cuánto demorará en llegar, ya no estamos únicamente frente a una organización con capacidad de fuego. Estamos ante una estructura que podría estar adquiriendo capacidad de inteligencia y contrainteligencia.
Caso “Granko” y dimensión transnacional
La matriz incorpora también una dimensión internacional. En el caso Ojeda se menciona la línea investigativa que habría relacionado al venezolano Alexander Granko Arteaga con la dirección o coordinación del crimen, según fuentes de prensa PDI. Para el caso peruano, el documento plantea investigar posibles conexiones internacionales, incluyendo Chile, Bolivia y Venezuela.
Especial atención recibe una información de prensa según la cual Granko habría realizado posteriormente movimientos hacia el Perú. Pero aquí aparece una advertencia metodológica importante: una coincidencia temporal o geográfica no constituye por sí misma una prueba de conexión criminal. Por ello, Saavedra propone verificar fechas, movimientos, relaciones financieras y eventuales coincidencias operativas antes de extraer conclusiones.
La pregunta estratégica no es, entonces, si “una determinada persona estuvo en determinado país. Es determinar si existe una red de capacidades, contactos, recursos y conocimiento operativo que pueda conectar diferentes escenarios criminales”.
De investigación policial a inteligencia estratégica
La matriz propone una lectura en varios niveles. En el táctico están los ejecutores, armas, vehículos y movimientos. En la escala operativa, aparecen la estructura, el mando, las comunicaciones, la logística y los apoyos. En el nivel estratégico surge una cuestión mucho más preocupante: la posible dimensión transnacional de estas organizaciones y su capacidad para explotar vulnerabilidades institucionales.
El documento identifica, entre otras, cuatro líneas de inteligencia que deberían desarrollarse:
Inteligencia financiera: quién financia las operaciones y quién se beneficia.
Inteligencia penitenciaria: si las organizaciones continúan recibiendo órdenes desde los establecimientos penitenciarios.
Inteligencia internacional: conexiones entre Perú, Chile, Bolivia, Venezuela y otros espacios.
Contrainteligencia: posibles filtraciones, colaboración interna, penetración institucional y utilización de capacidades estatales por organizaciones criminales.
Así, el problema deja de ser exclusivamente policial. Puede convertirse en un problema de seguridad nacional.
La evidencia que debe hablar
Hay otro aspecto particularmente relevante: la evidencia material. Si los delincuentes utilizaron uniformes policiales, vehículos que simulaban operaciones oficiales y armamento de determinada capacidad, cada uno de esos elementos debería conducir a una cadena de trazabilidad. ¿De dónde salió el uniforme? ¿Quién lo fabricó o adquirió? ¿Las armas tienen antecedentes identificables? ¿Los vehículos fueron modificados?
¿Existieron GPS, cámaras, huellas, ADN, residuos de disparo u otros elementos que permitan vincular individualmente a los detenidos con la operación?
La matriz insiste en que la identificación de los responsables no puede depender, exclusivamente, de declaraciones o de una primera reconstrucción visual. La evidencia científica debe establecer el vínculo material entre cada persona y cada fase del hecho.
La comunicación oficial
El documento introduce, además, una preocupación que trasciende la investigación criminal: la forma en que el Estado comunica sus resultados. Saavedra cuestiona que una presentación pública de detenidos pueda producirse antes de contar con los resultados de pruebas como ADN, balística, residuos de disparo, huellas, análisis de teléfonos y peritajes sobre vehículos y otros elementos. Sostiene que el problema no es proteger a los sospechosos, sino salvaguardar la propia investigación.
Una investigación sólida necesita preservar la cadena de custodia, respetar las garantías procesales y establecer mediante evidencia científica qué hizo cada persona. La presencia del fiscal y de la defensa, señala el análisis, debe entenderse como una garantía de legalidad que protege, también, la validez de la investigación.
La experiencia descrita en el documento sobre la identificación pública anticipada de un agente policial en otro caso es utilizada como advertencia sobre los riesgos de convertir una hipótesis inicial en una conclusión pública antes de que concluya la investigación científica y fiscal.
¿Quién dirigió la operación? Quizá sea la pregunta más importante de toda la matriz de 60 variables.
Preguntas que deben responderse
Capturar a los ejecutores puede resolver el nivel táctico. Pero si existe una estructura organizada, el objetivo estratégico debe apuntar a llegar al nivel de mando.
¿Quién financió? ¿Quién proporcionó los vehículos? ¿Quién obtuvo los uniformes? ¿Quién consiguió las armas? ¿Quién vigiló a la víctima? ¿Quién proporcionó información? ¿Quién estableció los tiempos? ¿Quién aseguró la retirada? ¿Quién podía garantizar que la respuesta policial no interrumpiría la operación?
Responder esas preguntas permitiría pasar de una investigación centrada en individuos a una investigación concentrada en capacidades y redes.
Coincidencias que merecen ser investigadas
La matriz de Saavedra permite sintetizar el paralelismo en diez puntos:
1. Falsa operación policial.
En ambos casos se habría utilizado la apariencia de una intervención oficial.
2. Uniformes policiales.
Los delincuentes habrían recurrido a indumentaria destinada a generar autoridad.
3. Simulación de identidad estatal.
La autoridad policial habría sido utilizada como instrumento de engaño.
4. Vehículos y logística.
Las operaciones requirieron medios de transporte y preparación previa.
5. Organización por funciones.
La presencia de ejecutores y posibles equipos de apoyo sugiere una estructura más amplia.
6. Conocimiento del objetivo.
La vigilancia y selección previa de las víctimas constituye una línea crítica.
7. Planificación.
Las operaciones muestran características compatibles con preparación y coordinación.
8. Posible información privilegiada.
Debe determinarse cómo los autores pudieron anticipar o neutralizar la respuesta policial.
9. Dimensión transnacional.
La matriz plantea investigar conexiones entre organizaciones y actores de distintos países.
10. Apropiación de capacidades estatales.
La utilización de uniformes, procedimientos, información y simulación de autoridad plantea la interrogante más profunda del análisis.
La verdadera pregunta: ¿coincidencia, aprendizaje o transferencia?
Aquí está el punto que convierte la comparación en un análisis estratégico. Dos organizaciones pueden utilizar procedimientos similares sin tener ninguna relación directa. También copiar métodos exitosos observados en otros casos. Asimismo, recibir asesoramiento, adquirir conocimientos mediante antiguos integrantes de fuerzas de seguridad o establecer vínculos con organizaciones de otros países.
La matriz contempla precisamente éstas posibilidades: imitación, aprendizaje, cooperación o transferencia de capacidades. Por ello, sería prematuro afirmar que el caso Ojeda y el caso Lara forman parte de una misma operación o estructura. Pero sería igualmente un error descartar sus coincidencias sin investigarlas.
La diferencia entre ambas posiciones es la esencia de la inteligencia: no convertir una hipótesis en una conclusión, pero tampoco ignorar una que merece ser comprobada.
Advertencia para el Estado peruano
El análisis de Saavedra termina planteando una cuestión que va mucho más allá de los dos casos. En el suceso chileno, la interrogante sería si una organización criminal llegó a converger con actores capaces de proporcionar competencias similares a las estatales. En el caso peruano, la pregunta es diferente: ¿Está el crimen organizado aprendiendo a apropiarse de las capacidades del Estado?
La diferencia parece semántica, pero no lo es. Si las organizaciones criminales consiguen uniformes policiales, armas, vehículos, información, entrenamiento, vigilancia, comunicaciones y conocimiento sobre la respuesta de las fuerzas del orden, su poder, deja de depender únicamente de la violencia.
Empieza a depender también de su capacidad para penetrar, engañar o explotar al Estado. Ese es el verdadero centro de gravedad que debería interesar a la inteligencia peruana. No solamente saber quién secuestró a Jens Lara. Sino comprender cómo fue posible hacerlo.
Porque cuando el delincuente puede vestir la identidad del Estado, anticipar su respuesta y utilizar sus vulnerabilidades en su beneficio, el problema ya no es únicamente criminal. Es estratégico.