En Castro Castro, subversivos y militares se gradúan en Derecho y unen esfuerzos por la amnistía general ¿Futuros congresistas?
Militares presos como los ex miembros del grupo Colina y los encarcelados por subversión –de Sendero y del MRTA–, la mayoría con más de una década de encierro, aseguran haber encontrado algo que, a varios años del fin de la guerra interna que vivió el Perú aún parece una utopía: la reconciliación.
Tal condición era necesaria para trabajar hombro a hombro –ahora sí— por una “amnistía general” y lograr el “objetivo” más ansiado por cualquier ser humano tras las rejas, como es la libertad. Para ese propósito, sus armas ya no son el anfo y la dinamita, o las pistolas con silenciador. Ahora afilan argumentos para pelear por su salida de la cárcel, e incluso, estudian y se gradúan en Derecho desde sus celdas.
Las aulas de Castro Castro
Monseñor Augusto Bambarén fue el padrino de la primera promoción de los catorce bachilleres en Derecho que se graduaron dentro del Penal Castro Castro en julio del 2009.
El sacerdote corrió con todos los costos del bachillerato que, con togas y birretes –y desbordante emoción– celebraron los once ex miembros de Sendero Luminoso, uno del MRTA y dos “Colinas”, todos ellos integrantes de la primera camada de abogados que se forjaron en el interior del penal de máxima seguridad.
La posibilidad de hacer vida académica en el interior de la cárcel se dió gracias a la gestión del ex jefe del INPE, Wilfredo Pedraza, quien en el 2004, celebró un convenio con la “Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote” (ULADECH) para que dicho claustro designara a catedráticos de la carrera de Derecho a dictar clases tres veces por semana en Castro Castro.
Merced al convenio, dicha universidad validaría a nombre de la nación los grados académicos obtenidos en el interior del centro penitenciario.
Los internos, por su lado, se encargaron de acondicionar una parte del patio del pabellón 2 B –junto a unas escaleras hacia el segundo nivel— en donde ahora funciona la sede académica. Con el correr de los años, esta zona acabó transformándose en “la universidad”, un lugar casi sagrado para todos los presos, que la perciben como una suerte de símbolo de crecimiento y reivindicación personal.
Tal dinámica ha generado el desarrollo de los cursos universitarios en la prisión que, pese a haber sido una iniciativa de los internos por subversión y de los militares encarcelados, ahora muchos de los presos comunes buscan la readaptación social cursando estudios superiores en la mencionada sede.
Encuentro de dos bandos
Producto de los años de convivencia en el encierro, quienes se hallaban enfrentados –los subversivos que intentaron destruir el sistema estatal para fundar una “República Popular de Nueva Democracia”, y los miembros de las Fuerzas Armadas que asumieron la tarea de defender al estado contra tal amenaza–, encontraron en prisión el espacio y el tiempo para el diálogo constante, los debates y un arribo final a una solución en común a sus problemas.
“Nosotros, quienes estuvimos en orillas distintas, enfrentados a sangre y fuego, tuvimos siempre una motivación en común: la obtención del bienestar del país. Los subversivos se rebelaron contra un sistema de gobierno y una estructura de estado que consideraron injusta y lesiva para el pueblo. Las fuerzas militares y policiales, en consecuencia con el mandato constitucional de defender el estado de derecho, cumplieron con su deber, con el absoluto convencimiento de que luchaban contra los enemigos del Perú”, sostienen –junto a sus tazas de café– el ex Colina, José Tena Jacinto y los ex dirigentes regionales de Sendero Luminoso “Moisés” y “Carlos”, quienes prefieren mantener en reserva sus apellidos por consejo de sus abogados.
“¿Pero, no se han cometido muchas atrocidades contra inocentes… acaso los responsables no deben pagar sus culpas?”, preguntamos.
“Aceptamos nuestras responsabilidades. Quienes aquí nos encontramos, tenemos en promedio entre quince y dieciocho años en prisión, pagando nuestras culpas. Pero hay que recordar que en el Perú hubo una guerra interna declarada por el PCP Sendero Luminoso el 10 de mayo de 1980. Se asumió una actitud radical y, en efecto, hubo muchas víctimas inocentes. Pero dentro de la concepción ideológica del movimiento, se pensaba que tal accionar era el único camino para refundar la república e instaurar una auténtica justicia social… hoy entendemos que aquel fue un error”, responden los ex subversivos.
“Por su parte, a las fuerzas militares no se les enseña Derecho. Y por ejemplo, el artículo 3 del Reglamento de Servicio Interior del Ejército, establece como la falta más grave, el incumplimiento de una orden. Nosotros recibimos órdenes del poder político. En buena cuenta, el pecado más grande que cometimos los agentes operativos fue –por nuestra formación— guardar silencio y no señalar en forma oportuna a los altos mandos, quienes ordenaron cometer los crímenes de lesa humanidad por los que ahora se nos acusa y condena”, señala Tena Jacinto.
Amnistía para la reconciliación
Bajo el lema “Los muertos por la subversión y los muertos por los militares, son nuestros muertos”, los ex terroristas y ex agentes de las fuerzas armadas, reclaman una solución política –y no jurídica– para la pacificación total del Perú a través de una amnistía general, primer paso para la obtención de su libertad y para una “auténtica reconciliación nacional”, afirman.
El argumento principal se basa en que la amnistía para quienes participaron y sufrieron la guerra, constituye –históricamente– la única solución para cerrar los conflictos armados. Aunque son conscientes de que el objetivo es más que complicado, están decididos a luchar por el mismo, mediante la divulgación –fuera del penal– de sus principales demandas.
Para ese propósito, remitieron un primer comunicado a los medios de información el 27 de agosto último. El documento fue dirigido a los diarios “La República” y “La Razón” y al programa “Cuarto Poder” de América Televisión.
Aunque no tuvo eco entre los medios, el contenido del comunicado planteaba la amnistía general, acompañada del testimonio de los miembros de los grupos subversivos y de los representantes militares bajo el título “Planteamiento para los problemas que surgieron luego de la Guerra”.
Entre los principales grupos que conforman el correlato externo del pedido de los encarcelados, figuran la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (AFADEVIG), el Movimiento Popular de Control Constitucional (MPCC), la Asociación Civil de Excarcelados Políticos del Perú (ACEPP) y el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, que lidera el ex “abogado democrático” Alfredo Crespo Bragayrac.
Otras asociaciones civiles que se vienen pronunciando sobre la necesidad de una amnistía general en el Perú, están constituídas por el Frente Amplio Peruano, liderado por el General de Brigada EP (r) Wilson Barrantes Mendoza y la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), presidida por José Gonzáles De La Flor.
Integrados fundamentalmente por miembros de la izquierda radical y militares en retiro, la tarea de promoción de la amnistía general emprendida por dichos grupos civiles proclama –incluso–, el derecho de los presos a participar activamente en política, una vez se restablezca su libertad.
En semanas recientes, desarrollaron mesas redondas y conversatorios sobre la amnistía en foros tan disímiles como el auditorio ubicado en los altos del cine Le Paris (sala que proyecta películas pornográficas en el Centro de Lima), el pasado 22 de setiembre, o en la Universidad del Pacífico, el 13 de octubre último.