El exministro de Defensa, general EP (r) Jorge Chávez Cresta, criticó la súbita postergación de la compra de cazas F-16 a Estados Unidos al advertir que el Perú comprometía su credibilidad internacional, debilitaba su capacidad disuasiva y colocaba en riesgo una alianza estratégica clave. En ese contexto, demandó explicaciones al Ejecutivo y alertó sobre decisiones “arbitrarias” en materia de seguridad nacional. En medio de la controvertida determinación del presidente Balcázar, consideró que el creciente rumor de que el prófugo líder de izquierda, Vladimir Cerrón, llamó al jefe de Estado para impedir la firma del acuerdo de compra, cobra cada vez más veracidad. Aunque en la fecha el primer mandatario retrocedió en su propósito de abortar la adquisición de los cazas, la seguridad del país y la relación con Estados Unidos, resultaron lastimadas.
General, la decisión de postergar la firma del acuerdo para la compra de los F-16 se tomó cuando el proceso estaba prácticamente cerrado. ¿Qué lectura hace de esta situación?
Lo ocurrido no es un tema administrativo, es un error estratégico grave. Este proceso viene desde el año 2023, con evaluaciones técnicas, viajes y coordinaciones de alto nivel. Si el presidente quería postergarlo, debió decirlo desde el inicio de su gestión, no cuando el acuerdo estaba listo para firmarse. Así se afecta la seriedad del país.
Usted ha señalado que esta decisión podría responder a factores políticos o incluso ideológicos. ¿A qué se refiere?
La defensa nacional no puede estar sujeta a ideologías ni a presiones externas. Aquí hay indicios preocupantes: desde versiones sobre influencias políticas internas (como el rumor de una llamada telefónica de Vladimir Cerrón a Balcázar para evitar que firme el acuerdo) hasta intereses geopolíticos que buscan alejar al Perú de Estados Unidos. En cualquier caso, lo que se está haciendo es debilitar una decisión de Estado.
¿Cuáles habrían sido las consecuencias concretas de no realizar esta compra?
La principal es la pérdida de credibilidad internacional. Los acuerdos en defensa no son opcionales ni coyunturales, son compromisos de Estado. Romper un proceso avanzado envía una señal negativa a aliados, inversionistas y socios estratégicos. Además, se debilita la capacidad operativa de la Fuerza Aérea.
¿Esto impacta también en la relación con Estados Unidos?
Por supuesto. Estamos hablando de un socio estratégico que incluso ha considerado al Perú como aliado principal extra-OTAN. Hay proyectos en evaluación, como una posible estación aeroespacial en el norte del Perú. Retroceder, en este contexto, afecta directamente esa relación y reduce oportunidades de desarrollo tecnológico.
Desde el Ejecutivo se ha planteado que el alto costo podría justificar la postergación. ¿Qué responde a ese argumento?
Ese es un error conceptual. No estamos ante un gasto, sino ante una inversión en seguridad. Estos sistemas tienen una vida útil de 35 a 40 años. No se compran todos los años. Además, sin control del espacio aéreo no hay seguridad, y sin seguridad no hay desarrollo. Es así de simple.
Algunos sectores sostienen que esos recursos deberían destinarse a salud o educación.
Eso es mezclar conceptos. Cada sector tiene su presupuesto. La defensa cumple una función esencial del Estado. ¿De qué sirve tener hospitales o colegios si no se puede garantizar la soberanía ni controlar actividades ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal en el espacio aéreo?
¿Considera que la forma en que se tomó la decisión agrava la situación?
Sin duda. El problema no es solo la decisión, sino cómo se ha tomado: de manera unilateral y sin sustento técnico visible. Esto debió pasar por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. No se puede manejar un tema de esta magnitud entre cuatro paredes.
¿El Congreso debería intervenir?
Tiene la obligación de hacerlo. La Comisión de Defensa y la de Relaciones Exteriores deben convocar al premier, al ministro de Defensa y al canciller para que expliquen lo ocurrido. Aquí hay tres elementos clave: uso de recursos públicos, seguridad nacional y compromisos internacionales.
Usted ha sido enfático en que este tipo de decisiones no deben improvisarse.
Así es. La defensa no se improvisa ni se reevalúa de un día para otro. Son procesos largos, técnicos y estratégicos. Si hoy se retrocede, hay dos posibilidades: o no se hizo bien el trabajo antes o se está decidiendo sin sustento ahora. En ambos casos, el país pierde.
¿Qué mensaje le deja esta situación al Perú?
Que cuando el Estado duda, el país se debilita. La seguridad nacional no se negocia ni se posterga. Un país que no cumple sus compromisos pierde respeto internacional. Y eso, en el largo plazo, cuesta mucho más que cualquier inversión en defensa.